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martes, 9 de julio de 2013

Según OVCS, la conflictividad disminuyó en 31% durante el primer semestre del año

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que durante el primer semestre de 2013 se registraron en el país 1.687 protestas, lo que representa 31% menos que durante el primer semestre del año pasado. 

El informe del Observatorio revela que las exigencias se orientaron hacia solicitud de derechos laborales 569 (34%), vivienda digna 390 (23%), demandas por seguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, derecho a la justicia un total de 287 (17%), derechos políticos 265 (16%) exigencias educativas 176 (10%). 

Puntualiza el informe que en el primer semestre de 2012 se realizaron 2.442 protestas. 

Señala el Observatorio que en este lapso se presentan dos variables que inciden en el desarrollo y fluctuación de los niveles de la conflictividad venezolana: a) ausencia física del presidente Hugo Chávez en enero y febrero y su posterior fallecimiento en marzo b) campaña y elecciones presidenciales en abril. 

Refleja el informe que la gestión de la crisis política originada por la ausencia de Chávez incluyó la conducción y contención de las protestas sociales con mayor frecuencia en los últimos tres años, por derechos laborales y vivienda. 

También señala que el inicio de discusión de contrataciones colectivas vencidas; entrega de viviendas a damnificados; la política gubernamental de gobierno de calle y uso del duelo presidencial como estrategia política favorecieron el manejo de la conflictividad por parte de la administración del recién electo presidente Nicolás Maduro. 

Durante los primeros 4 meses del año destaca el aumento e intensidad de las protestas políticas. Situación atípica en contraste con el mismo período de los dos últimos años. Las acciones de calle ocurridas después de las elecciones presidenciales del 14 de abril expusieron los niveles de crispación social y política del país, las practicas represivas por parte de la fuerza pública y la vigencia de la política de criminalización de la protesta en Venezuela.