Partidos y particulares condenaron hoy la decisión de la Policía de Nueva Zelanda de no presentar cargos contra la agencia estatal que espió ilegalmente al fundador del desaparecido portal de descargas Megaupload, Kim Dotcom, acusado de piratería en Estados Unidos.
"La investigación policial ha confirmado que la GCSB (Oficina Gubernamental de Seguridad en las Comunicaciones) violó la ley cuando vigiló las comunicaciones de Kim Dotcom. Pero el asunto se cierra porque no hay pruebas de que había intención de actuar de forma delictiva", dijo el segundo del Partido Laborista neozelandés, Gran Robertson, en un comunicado.
"Cuando el Estado actúa de manera ilícita, particularmente cuando se trata de la privacidad de las personas, deberían pedirse responsabilidades", opinó Robertson.
El Partido Verde también se sumó a la protestas contra el cierre del caso anunciado por la Policía hoy.
"Es un día triste para el pueblo de Nueva Zelanda cuando los espías del Gobierno pueden violar la ley con impunidad", dijo el colíder del Verde, Russel Norman, en otro comunicado.
El propio informático alemán Dotcom condensó su reacción en una frase que colgó en su cuenta de Twitter: "¡sorpresa! ¡sorpresa!: impunidad para el espionaje ilegal de la GCSB".
Dotcom y tres de sus socios, actualmente en libertad condicional a la espera del inicio del juicio de extradición previsto para 2014, fueron detenidos en enero de 2012 en Nueva Zelanda dentro de una operación internacional del FBI contra Megaupoload.
El vasto operativo policial incluyó la confiscación de sus bienes, la congelación de sus cuentas, el cierre del portal de descargas y más detenciones en Europa.
La GCSB intervino las comunicaciones de Dotcom antes de su arresto e infringió la ley porque solo tenía potestad para vigilar a extranjeros y en esa época el informático alemán ya tenía permiso de residencia en Nueva Zelanda y debía haber sido tratado como un nacional más.
Estados Unidos atribuye a Megaupload haber causado más de 500 millones de dólares en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor de compañías y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares.
EFE
