La última semana sabe a flashback de la segunda mitad de los años 90, el período más autoritario y corrupto del gobierno del expresidenteAlberto Fujimori. Mientras la hija del político, Keiko, intenta un fujimorismo sin el lastre de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1992 y 2000, y dialoga en privado con personajes progresistas, su padre preso lanza tuits diciéndose inocente de los delitos por los cuales lo han sentenciado y por los que enfrenta un nuevo juicio.
En paralelo, el reo denuncia a dos ministros por supuesto abuso de autoridad. Además, el miércoles la prensa peruana reveló que la policía destinó personal y patrulleros para resguardar, cual dignatario, a Oscar López Meneses, uno de los operadores más cercanos del exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. El individuo, con prisión suspendida por tenencia ilegal de armas, fue yerno de un militar prófugo de la justicia, Víctor Malca Villanueva, y se preciaba de sus buenas relaciones actuales con oficiales de la Policía y con, Adrián Villafuerte, otro militar en retiro cuestionado por haber estado subordinado a Montesinos en los 90 y actual asesor en seguridad del presidente Ollanta Humala.
A estos dos episodios, hay que agregar que entre el 31 de octubre y el martes 12 de noviembre, la congresista fujimorista Martha Chávez ha usado la tribuna del Legislativo para atacar a las ONGs de derechos humanos y a la Comisión de la Verdad que entre los años 2002 y 2003 produjo un informe sobre la violencia que sufrió el país entre 1980 y 2000.
Chávez fue elegida irregularmente coordinadora de un grupo de trabajo de derechos humanos en el Parlamento y desde ese puesto desprestigiaba cada día el trabajo de la Comisión de la Verdad, acusándola de apoyar a marxistas, leninistas y comunistas. La parlamentaria es también una de las principales representantes del ‘albertismo’, el sector más conservador de los fujimoristas, que justifica los delitos y excesos del gobierno de 1990 al 2000, en oposición a los ‘keikistas’ que promueven un fujimorismo light o renovado.
Dado que continuaron las críticas de líderes de opinión porque el Congreso se desentendió acerca de la permanencia de Chávez como coordinadora de derechos humanos, el martes la Comisión de Justicia del Parlamento desactivó el grupo de trabajo. El Parlamento acumula motivos para el descrédito por casos de corrupción y faltas éticas y, aunque no tiene reflejos ante las reacciones de la opinión pública, esta vez reaccionó tardíamente. Un 84% de los peruanos consultados por la encuestadora GFK en octubre desaprueban la gestión del Legislativo.
Fujimori contraataca
El jueves pasado, Alberto Fujimori llamó -desde el teléfono público del tópico de la casa donde está preso- a Radioprogramas, la principal emisora de noticias en el país, y dio una entrevista de 20 minutos. Cuando un empleado del Instituto Nacional Penitenciario y una enfermera le indicaron que no tenía permiso para declarar, dos congresistas fujimoristas -uno de ellos el hijo menor del político, Kenji- impidieron que los empleados cortaran la llamada.
Preguntado sobre el juicio que enfrenta actualmente, reiteró su “absoluta inocencia” en el desvío de dinero para crear de diarios sensacionalistas que apoyaban su tercera reelección en el 2000 y atacaban a sus contendientes. Consultado sobre si continuaría en actividad política si le concedieran el arresto domiciliario, pese a que ya le fue denegado, respondió: “Eso no lo puedo adelantar y no creo que esté condicionado a eso”. También defendió a la congresista Martha Chávez, indicando que los izquierdistas no querían que ella dirigiera el grupo de trabajo de derechos humanos.
Como consecuencia, días después, el ministerio de Justicia pidió cortar la línea telefónica, y por ello el nuevo abogado de Alberto Fujimori, William Castillo, presentó el martes una denuncia contra los ministros de Justicia (actual y anterior) y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario por supuesto abuso de autoridad y tortura. El defensor de Fujimori sostiene que el corte de la línea telefónica es una acción “de hostigamiento” contra su patrocinado.
El montesinismo y la policía
El rostro más siniestro y corrupto del fujimorismo lo encarnó el exasesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, un exabogado de narcotraficantes que sometió a las Fuerzas Armadas con el visto bueno del entonces presidente. El canal de cable Willax TV y el diario El Comercio mostraron este miércoles el vínculo entre Luis Praeli, jefe de la región policial Lima -la principal del país- y Óscar López Meneses, un operador de Montesinos.
La investigación periodística refiere que Praeli se jactaba de su buen vínculo con el colaborador de Montesinos y, en consecuencia, con el asesor presidencial de seguridad, Adrián Villafuerte.
El viernes último, López Meneses estuvo en la tribuna de invitados y autoridades en la ceremonia del 22 aniversario de la región policial Lima, en el recinto llamado El Potao, pese a que es un individuo sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por tenencia ilegal de armas e interceptación telefónica. La prensa no ha podido probar que López Meneses es asesor en el seguimiento de las actividades de políticos y periodistas, como algunas fuentes policiales indican.
La revelación ha descolocado aún más al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, dado que el principal problema de acuerdo a todas las encuestadoras en Perú es la delincuencia y un 30% de peruanos, según la empresa GFK, considera que la gestión de dicho ministerio es mala o muy mala.
“Es realmente indignante que Oscar López Meneses haya sido invitado al aniversario de la Región Policial Lima”, declaró Pedraza a un noticiario. Congresistas de oposición y del aliado del gobierno, Perú Posible, han solicitado que el titular de Interior comparezca ante el pleno para explicar por qué el operador de Montesinos y su padre gozaron, hasta ayer, de resguardo policial.
El actual asesor de seguridad del presidente Ollanta Humala, Adrián Villafuerte, quien durante el gobierno de Fujimori fue ayudante de César Saucedo, general del Ejército afín a Montesinos y ex ministro de Defensa, niega conocer a López Meneses ni haber almorzado con él, como indica la prensa.
En este clima de sospecha acerca de la conducción de la política de seguridad y de derechos humanos del gobierno de Humala, el abogado Carlos Rivera sostiene que los organismos de derechos humanos evaluaron mal cuando pensaron que se reducirían las sentencias absolutorias a oficiales y suboficiales de las fuerzas del orden, a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de Alan García hasta 2011: “nos equivocamos”, comentó en una conferencia con la prensa extranjera. Rivera añade que de 185 casos judicializados de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, ninguna de las 40 sentencias dadas en 10 años alcanza a oficiales de alta gradación por autoría mediata.
“El argumento de autoría mediata con el que se condenó a Fujimori en 2009 es usado como referencia en Colombia, en Uruguay, pero no ha sido recogido por los jueces nacionales del único tribunal que ve casos de derechos humanos”, acotó Rivera.
EL PAIS
