El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido, en una sesión considerada histórica y polémica, encarcelar a 11 de los 25 reos condenados en el proceso de corrupción política conocido como caso mensalão, entre ellos los líderes históricos del Partido de los Trabajadores (PT) José Dirceu, ministro del primer gobierno del expresidente, Lula da Silva; el entonces presidente del partido, hoy diputado, José Genoino; y el extesorero Delubio Soares.
Entrarán en la cárcel, quizás ya la semana próxima, Marcos Valerio, considerado el operador del esquema de soborno a partidos y congresistas para apoyar al primer gobierno del Lula, el delator del esquema, Roberto Jefferson expresidente del PTB y la expresidenta del Banco Rural, Katia Rabello. Otros cinco condenados tendrán que empezar a cumplir una condena de penas alternativas sin necesidad de ir a la cárcel.
De los condenados a la cárcel, cuatro deberán cumplir la sentencia en régimen cerrado. Los políticos José Dirceu y Delubio Soares comenzarán a cumplir la pena en régimen inicialmente semiabierto, que supone dormir en la cárcel y trabajar de día en alguna actividad social.
Las condenas impuestas a ambos -10 años y 10 meses el primero; ocho y 11 meses, el segundo- implican cumplir la pena en régimen cerrado. Pero queda pendiente el análisis, por parte del Supremo, de un recurso que, si es aceptado, podría rebajarles la pena lo suficiente para cumplir la condena en régimen semiabierto. Si el Supremo rechazara el recurso, pasarían a cumplir la condena en régimen cerrado. Dichos recursos serán analizados el año próximo.
Y ahí consistió la noche del miércoles la gran disputa entre los miembros del Supremo. Algunos preferían que los mandatos de prisión, por ejemplo de Dirceu y Soares, se dieran solo al acabar el análisis de los últimos recursos de la defensa. Prevaleció al final la tesis del presidente del Supremo y ex juez instructor del proceso, Joaquim Barbosa, que fue desde el primer día del proceso un fuerte defensor de las condenas de los 25 implicados del mensalão.
Le hizo eco a Barbosa el magistrado recién designado por la presidenta Dilma Rousseff, Luís Roberto Barroso, que defendió la prisión inmediata de los ya condenados, cuyos recursos no evitarían, ni aceptados, la condena de cárcel, con esta consideración: “Tenemos millares de condenados por pequeñas cantidades de marihuana y poquísimos condenados por golpes inmensos. Para ir a la cárcel en Brasil es necesario ser muy pobre y muy mal defendido. El sistema actual es selectivo, casi de castas”.
La decisión de empezar a encarcelar a los reos del mensalão llega después de ocho largos años de investigaciones con un material de 42.000 páginas del proceso y tres largas sesiones del Supremo. Ha sido el mayor proceso penal del Supremo Tribunal Federal, que sobre todo analiza temas constitucionales.
Fue visto desde el inicio, por el reo más emblemático, José Dirceu, considerado el alma del esquema de corrupción, como un juicio “político” y “sin pruebas” para condenar la primera experiencia histórica de un gobierno progresista y popular como lo fue el del expresidente y exsindicalista tornero, Lula da Silva.
Otros lo ven como un gesto de independencia del Supremo, ya que la mayoría de los que han emitido las condenas de los líderes históricos del PT habían sido designados por Lula y por la actual mandataria Dilma Rouseff, ambos del partido de los principales condenados.
Quizás esos personajes políticos de primera plana que empezarán ahora a ir a la cárcel, y cuyos abogados piden que no sean esposados al entrar en prisión, no hubiesen sido condenados, según muchos analistas políticos, de no haber existido una fuerte presión de la opinión pública y después de las manifestaciones de protesta de junio pasado, en las que ya se pedía la prisión para los “mensaleros”.
Los magistrados, sin embargo, insisten en que los han juzgado en conciencia, siguiendo estrictamente las leyes penales sin dejarse arrastrar por presiones externas.
El analista político del diario O Globo Merval Pereira, miembro de la Academia Brasileña de las Letras, escribe hoy: "La decisión del Supremo de declarar el cumplimiento inmediato de las penas de los crímenes (del mensalão) hace posible que la sociedad pueda volver a tener confianza en nuestro sistema jurídico, colocando punto final al proceso, y enviando a la cárcel a los condenados en el juicio más importante de la Historia política de este país".
El expresidente de la República, Lula da Silva, el más afectado política y personalmente por el proceso, tras haber afirmado que él no había conocido tal esquema de soborno en su gobierno, dijo ayer que hablará solo cuando el proceso esté del todo concluido. “Respeté las decisiones del Supremo cuando era presidente y las acato ahora como ciudadano”, dijo el miércoles. Sin embargo, ha dado a entender que al final dirá lo que piensa en conciencia del que ha sido considerado como el mayor esquema de corrupción política de la historia de la República y que el PT considera una lucha de poder promovida por la oposición de derechas.
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