El máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colombia le pidió este jueves al Gobierno llevar a la mesa de diálogos de paz con las FARC en Cuba el asunto de las minas antipersonas, que dejan numerosas víctimas en el país andino, especialmente civiles que viven en el campo.
La presidenta del órgano, Claudia Rojas, dijo a periodistas que se "hace imperativo incluir en la discusión ese punto" en las conversaciones de La Habana.
El máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo es conocido en Colombia como el Consejo de Estado.
Desde hace más de un año el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), buscan en Cuba una salida negociada al conflicto que afecta al país andino desde hace más de medio siglo.
El Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Otálora, respaldó la iniciativa del Consejo de Estado para que se incluya el desminado como aspecto fundamental en la agenda de negociaciones que se celebran con las FARC en la capital cubana.
"Pese a que el manejo del proceso de paz es del resorte del alto Gobierno en cabeza del Presidente de la República, consideramos necesario que se tenga en cuenta este tema del desminado", dijo Otálora.
Añadió que también se debería debatir en La Habana el cese del reclutamiento de menores por la guerrilla y la situación de los civiles que resultan afectados por las acciones indiscriminadas en medio del conflicto.
"Es una demanda del Derecho Internacional Humanitario", afirmó Otálora al indicar que abandonar esas prácticas sería un buen mensaje de las FARC a la sociedad colombiana y un signo de confianza hacia el proceso de paz.
En reiteradas oportunidades el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, ha pedido tanto a las FARC como al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, dejar de utilizar las minas antipersona e informar al Gobierno su ubicación.
Según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) en Colombia, a partir de 1990 hasta la fecha se han registrado 10.607 personas víctimas de esos artefactos, municiones sin explotar y explosivos improvisados.
De esas víctimas, 6.491 son miembros de la Fuerza Pública y 4.116 son civiles, de los cuales 1.058 son niños y adolescentes. EFE
