La tensión crece en estratos estatales, gubernamentales, políticos y empresariales panameños, europeos y americanos. El ultimátum para suspender el próximo lunes las obras de ampliación del Canal de Panamá sigue vigente, mientras permanecen estancadas las negociaciones entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) —que construye las nuevas esclusas de la ruta interoceánica— y la agencia estatal panameña que administra la vía.
Una fuente de alto rango de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó este viernes a EL PAÍS de que por ahora GUPC no ha extendido el plazo fatídico para suspender los trabajos el 20 de enero si no se llega a un acuerdo sobre la financiación de la obra. “Más bien: al contrario”, narró la fuente, al confirmar que GUPC, encabezado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, enviaron este jueves a la ACP una nota en la que reafirmaron que la amenaza de paralizar las obras, planteada en una nota de preaviso que entregó el 30 de diciembre pasado, sigue en vigor.
La ACP rechazó la amenaza del conglomerado y el pago por sobrecostes y exigió que cualquier reclamación se ajuste al contrato que ambas partes firmaron en 2009, por el que GUPC se comprometió a construir las esclusas por 3.118 millones de dólares, como parte principal de la ampliación. Valorada en su totalidad en 5.250 millones de dólares e iniciada en 2007, la expansión permitirá el paso de embarcaciones de mayor tamaño y ha tenido un efecto dominó, al impulsar la multimillonaria modernización de puertos de Estados Unidos, donde se sigue con atención el desarrollo del conflicto.El español Manuel Manrique, presidente de Sacyr, y el administrador de la ACP, Jorge Quijano, han sostenido contactos en los últimos días, pero sin lograr ningún arreglo.
La Autoridad ofreció como máximo un anticipo de 183 millones de dólares —condicionado al retiro de la amenaza de suspensión—, pero la constructora pidió primero un adelanto de 400 millones de dólares, que la agencia estatal rechazó.
La ACP aseguró que las esclusas, cuyas obras empezaron en 2009 y deberían concluir en 2015, tienen un avance del 65% y que si los trabajos quedan congelados, asumirá de inmediato el control de las operaciones. Las obras estarían paralizadas al menos durante 15 días, pero la ACP cree que poco después podría asumirlas.
En un comunicado, el gabinete del socialdemócrata Enrico Letta reveló que reactivó sus contactos con los Gobiernos de España y Panamá y con “las instituciones financieras internacionales y europeas que financian” las obras. El Gobierno italiano, añadió, “desea que se restablezcan las condiciones para que tales empresas puedan seguir con su obra y completar en un breve plazo de tiempo un proyecto de alcance estratégico para la economía mundial”. Por esa razón, agregó, “sigue con la máxima atención el contencioso” en torno a las obras de ampliación.Entre tanto, el Gobierno de Italia abogó este viernes por la continuidad de las obras. La italiana Impregilo es el segundo socio del consorcio y el que ha mostrado una actitud más beligerante.
Manrique aseguró a inicios de esta semana que la empresa “no va a abandonar” la ampliación del Canal y que “no contempla otro escenario” que no sea un arreglo con la ACP.
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