El presidente de EE.UU., Barack Obama, recurrió hoy al denominado "patriotismo económico", un concepto que ya había acuñado en ocasiones anteriores, para pedir al Congreso un acuerdo bipartidista que cambie la ley y evite que las grandes corporaciones paguen sus impuestos fuera del país.
Obama llevó a cabo esta petición en un discurso ante estudiantes de una escuela técnica de Los Ángeles, el único evento abierto al público de su gira recaudatoria de tres días por el Oeste, en la que también visitó Seattle (Washington) y el área de Silicon Valley, en California, para tratar de conseguir fondos para los demócratas de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
"Existe una tendencia en la economía actual que supone una amenaza. Un pequeño pero creciente grupo de grandes corporaciones que mantienen la mayor parte de su negocio en Estados Unidos declaran su sede en el extranjero", alertó el presidente.
Para Obama, el principal problema es que esta práctica está amparada por la ley, por lo que, a su juicio, demócratas y republicanos deben trabajar juntos para evitar que la tendencia se extienda e incluso tratar de recuperar la "ciudadanía estadounidense" de aquellas empresas que ya han fijado su domicilio social fuera del país.
"No me importa que sea legal, porque está mal hecho. Si eres una secretaria o un trabajador de la construcción no tienes derecho a decidir dónde pagas tus impuestos", se lamentó el presidente.
El amparo legal que estas empresas encuentran para poder pagar sus impuestos en el exterior -normalmente en países con una fiscalidad mucho menor que la estadounidense y en paraísos fiscales- consiste en adquirir o fusionarse con una compañía extranjera y renunciar a por lo menos el 20 % del control sobre la nueva sociedad creada.
Si los accionistas estadounidenses poseen un porcentaje inferior al 80 % de la nueva empresa, la ley permite que ésta fije su sede en el país extranjero y que por tanto responda allí a sus obligaciones fiscales.
El Gobierno estima que, de no remediarse a tiempo la situación, esta práctica empresarial podría costar a las arcas del Tesoro entre 17.000 y 20.000 millones de dólares en ingresos durante la próxima década.
Para evitarlo, Obama propondrá al Congreso reducir este porcentaje al 50 %, de manera que los accionistas estadounidenses deberían renunciar a controlar la mitad de la nueva empresa si quieren fijar su domicilio social en el extranjero, una medida que podría tener carácter retroactivo y afectar a todos los acuerdos realizados desde el pasado mes de mayo.
EFE
