Apenas la juez empezaba a leer la sentencia absolutoria a los sospechosos de matar al ambientalista Jairo Mora en el Caribe de Costa Rica, en mayo de 2013, las redes sociales de Costa Rica empezaron a crepitar. No era un calentón digital de activistas, era el principio de la frustración que esta semana alcanzó a numerosos sectores de este país centroamericano que se jacta de su vocación ecologista, de ser menos inseguro que sus vecinos de la región y de la fortaleza de su Poder Judicial.
El juicio por el asesinato de Jairo Mora pretendía servir de presión para evitar la impunidad, algo difícil después de los serios errores de la investigación señalados por el Tribunal Penal de Limón (capital de la provincia caribeña del mismo nombre). Ante la sentencia, reaccionaron las organizaciones ambientalistas y los políticos de oposición y oficialistas; juristas y familiares del muchacho; la oficina local de Naciones Unidas y la joven veterinaria española que aquella noche patrullaba la playa de Moín con el ecologista al que tenían amenazado de muerte por su trabajo contra los saqueadores de huevos de tortugas baula, una especie en extinción. Hasta el actualministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, se mostró molesto por “la falta de pericia” de los investigadores.
Los siete sospechosos de homicidio calificado, robo agravado y privación de libertad fueron absueltos de cualquier culpa por este caso, aunque cuatro de ellos han sido condenados por otros delitos cometidos en la misma playa de Moín.
“Lamentable”, “antojadizo”, “sesgado”, “pruebas empíricas” e “irresponsables” fueron algunas de las palabras que la jueza Yolanda Alvarado usó con gestos de enfado para referirse al trabajo de policías y fiscales que dio al traste con la acusación, aunque está pendiente una apelación por este “hecho histórico”, como lo calificó ella. En otras palabras, aseguró que la investigación fue una chapuza.
El fiscal general, Jorge Chavarría, en entredicho durante años, vuelve a estar cuestionado por el caso de Jairo Mora. Admite que ahora está en duda la confianza en el sistema judicial. Sabe que el asesinato de Mora es más notorio que cualquiera de los 453 homicidios de 2014 (9,5 por cada 100.000 habitantes) o los 411 de 2013. Jairo Mora murió producto de una paliza y ahogado por agua y arena, según la autopsia.
El impacto de este crimen es distinto. Lo evidencia la movilización pública, que acabó depositando este jueves un ataúd simbólico en la puerta de Corte Suprema de Justicia de un país que esta semana acogió a la mayor cumbre presidencial de su historia. “La muerte de Jairo Mora es un trágico recordatorio de que Costa Rica, al igual que muchos otros países, está teniendo que hacer frente a un aumento de la actividad delictiva de los narcotraficantes y los cazadores furtivos en sus áreas protegidas y otras zonas ecológicamente delicadas. Esa actividad menoscaba los esfuerzos del Gobierno y la sociedad civil por proteger el medio ambiente”, se leyó en un comunicado de la sede local del PNUD.
El padre de Jairo, Rafael Mora, ya perdió cualquier esperanza. Para él el asesinato de su hijo ha quedado ya impune. Frente a la tumba de su hijo, en el pequeño pueblo de Gandoca (costa caribeña sur) donde el joven había desarrollado su pasión escrupulosa por la defensa de las tortugas baula, aseguró: “Desde el principio, esta cosa yo la veía muy mal”, dijo a periodistas del diario local La Nación, cuyo editorial también lanzó su crítica: “La impunidad es dañina y en un caso como el de Jairo Mora es ofensiva hasta el punto de lo intolerable. Es impensable que, en Costa Rica, un joven de 26 años no pueda seguir sin riesgo su vocación de proteger a la naturaleza”.
También ha reaccionado el controvertido ecologista canadiense Paul Watson, sobre quien rige una orden de captura de la Justicia costarricense por el ataque a unos pescadores en el Pacífico en 2002. “Este veredicto no me sorprende, viniendo de un país donde ni un solo asesinato de ambientalistas ha sido condenado jamás”, escribió en las redes sociales, en referencia a otros nueve asesinatos que las organizaciones conservacionistas atribuyen a ataques contra la causa ecologista en los últimos 40 años.
“Costa Rica ya no es seguro ni verde”
Almudena A.V. se encuentra en Madrid siguiendo por las noticias cómo han declarado inocentes a los hombres que, insiste ella, la tuvieron retenida varias horas junto a otras chicas voluntarias mientras en la playa cumplían las amenazas de muerte a su amigo Jairo Mora.
Ahora el enfado y la decepción llenan a esta veterinaria española que colaboraba en la playa de Moín en busca de huevos de tortuga baula para rescatarlos y criarlos en un refugio, un trabajo que hacían con la organización Widecast. Liderados por Mora, se enfrentaban a grupos de saqueadores de huevos que los llevaban —y los siguen llevando— para venderlos como aperitivo, de manera ilegal.
Ella tenía alguna esperanza de que se hiciera justicia, pero la sentencia absolutoria del martes le cayó como un aldabonazo. Dice entender los requisitos de los procesos judiciales, pero considera que había pruebas suficientes para condenarlos. “Encontraron nuestros móviles en sus casas y vestían la ropa de Jairo. Todos sabemos que fueron ellos”, reclama por teléfono la joven, que estaba dispuesta a declarar durante el juicio, aunque fue rechazado su testimonio.
“Podían caerles más [años de cárcel] o menos, pero no me esperaba una absolución. El golpe lo voy a llevar conmigo siempre y Jairo está muerto para siempre, pero algo, algo, algo de esperanza sí que tenía”, reconoce la joven, que retornó a Madrid en abril del 2014 y que prefiere no se publiquen sus apellidos. “Ahora están libres y no sé con quién nos estamos moviendo”, especula antes de enfatizar que no pretende volver a Costa Rica.
“Yo me fui (en 2012) a un país verde y seguro y vuelvo de un país que no es ni seguro ni verde”, critica Almudena, quien asegura que su vida ha cambiado. “Yo tenía un poco más de pajaritos en mi cabeza, tenía más ilusión y, bueno, esto fue un mazazo de realidad. Trabajar con animales no es tan maravilloso. Ahora me lo pienso dos veces antes de meterme en alguna lucha, porque sé que puedo pagarlo con mi vida”. La veterinaria española lamenta que este juicio se tramitaba como un homicidio más, sin el agravante del trabajo que hacía Mora.
Ella no tiene ninguna duda de que iban a por él. “Se lo habían dicho [la amenaza de muerte] y lo cumplieron. Si no era por el trabajo de él, nos hubieran violado a nosotras o hecho algo más. Al que querían era a Jairo. Nos dijeron que ese era el último aviso que nos daban”. En la playa donde mataron al muchacho ya nadie compite con los saqueadores.
EL PAIS
