El magistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Gilmar Mendes, pidió el viernes que se investigue la campaña que condujo a la reelección de la presidenta, Dilma Rousseff, para esclarecer si se cometieron actos ilícitos, según informaron este sábado medios locales.
En un documento enviado a la Fiscalía y a la Policía Federal brasileñas, Mendes pidió que se esclarezca si la campaña electoral de Rousseff de 2014 se benefició de dinero obtenido en la colosal trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
"Además de la violación en la legislación electoral, hay potencial relevancia criminal en las conductas", destaca el magistrado en el informe.
Mendes citó una declaración del empresario Ricardo Pessoa, dueño de la empresa de energía UTC, en la que aseguraba que donó a la campaña de Rousseff 7,5 millones de reales (unos 2,1 millones de dólares) provenientes de la corrupción en Petrobras.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia emitió un comunicado en el que reiteró que todas las contribuciones y gastos de la campaña de 2014 fueron presentados al TSE, órgano que, "tras rigurosa revisión, aprobó las cuentas por unanimidad".
El Gobierno de la presidenta Rousseff atraviesa uno de sus peores momentos, lastrado por la delicada situación económica que atraviesa el país, una crisis política que mantiene enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo y la corrupción en Petrobras.
Medio centenar de políticos brasileños, la mayoría de la base aliada de Rousseff, están siendo investigados por haberse beneficiado de la trama en la petrolera estatal, de la cual fueron desviados 2.000 millones de dólares, según proyecciones oficiales.
Uno de los investigados es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo político de Rousseff y quien esta semana fue denunciado ante la Corte Suprema de Brasil por corrupción y lavado de dinero, lo que aumentó todavía más la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El presidente de los Diputados, segundo en la línea de sucesión y de quien depende la apertura de un juicio político con fines de destitución contra el jefe de Estado, negó que pueda adoptar represalias por un supuesto complot en su contra que atribuye al Gobierno.
El diputado, a pesar de formar parte del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer y la principal fuerza de la coalición que respalda a Rousseff, anunció su postura personal de oposición al Ejecutivo.
En un documento enviado a la Fiscalía y a la Policía Federal brasileñas, Mendes pidió que se esclarezca si la campaña electoral de Rousseff de 2014 se benefició de dinero obtenido en la colosal trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
"Además de la violación en la legislación electoral, hay potencial relevancia criminal en las conductas", destaca el magistrado en el informe.
Mendes citó una declaración del empresario Ricardo Pessoa, dueño de la empresa de energía UTC, en la que aseguraba que donó a la campaña de Rousseff 7,5 millones de reales (unos 2,1 millones de dólares) provenientes de la corrupción en Petrobras.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia emitió un comunicado en el que reiteró que todas las contribuciones y gastos de la campaña de 2014 fueron presentados al TSE, órgano que, "tras rigurosa revisión, aprobó las cuentas por unanimidad".
El Gobierno de la presidenta Rousseff atraviesa uno de sus peores momentos, lastrado por la delicada situación económica que atraviesa el país, una crisis política que mantiene enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo y la corrupción en Petrobras.
Medio centenar de políticos brasileños, la mayoría de la base aliada de Rousseff, están siendo investigados por haberse beneficiado de la trama en la petrolera estatal, de la cual fueron desviados 2.000 millones de dólares, según proyecciones oficiales.
Uno de los investigados es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo político de Rousseff y quien esta semana fue denunciado ante la Corte Suprema de Brasil por corrupción y lavado de dinero, lo que aumentó todavía más la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El presidente de los Diputados, segundo en la línea de sucesión y de quien depende la apertura de un juicio político con fines de destitución contra el jefe de Estado, negó que pueda adoptar represalias por un supuesto complot en su contra que atribuye al Gobierno.
El diputado, a pesar de formar parte del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer y la principal fuerza de la coalición que respalda a Rousseff, anunció su postura personal de oposición al Ejecutivo.
EFE
