El informe anual de derechos humanos de una universidad chilena alertó de quela reforma laboral impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet "coarta" la libertad sindical y "perpetúa las desigualdades".
El documento fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) y editado por Tomás Vial, quien indicó que la reforma laboral "no transforma el sistema de relaciones laborales vigente, sino que al contrario: profundiza el intervencionismo estatal en las relaciones colectivas de trabajo".
"Agudiza la construcción de un sindicalismo débil; coarta y frena el ejercicio de la libertad sindical y, en definitiva, mantiene el modelo impuesto por el plan laboral de la dictadura, perpetuando las brechas de desigualdad, económica y social, existente en el país", subraya.
El informe recomienda "consagrar el derecho de huelga dentro de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política, con alcance universal (sector público y privado), admitiendo posibles restricciones o limitaciones en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término".
El documento de la UDP también apunta a la situación de los adultos mayores y señala que "el sistema de pensiones chileno ha dejado en una situación aún más vulnerable a todo este grupo".
"Se constata que existe una débil institucionalidad para la protección de los adultos mayores y, por consiguiente, el país no se ha preparado para enfrentar el envejecimiento poblacional", advierte el informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
Al mismo tiempo, el análisis recomienda "la creación de una Ley de Protección de Derechos de los Adultos Mayores, que contenga garantías específicas para resguardar el ejercicio de sus derechos".
Finalmente el documento hace presente su preocupación por el área de los derechos de la diversidad sexual en Chile.
Sí bien destaca el avance logrado con el Acuerdo de Unión Civil (AUC), apunta que "el Estado no avanza en satisfacer la necesidad urgente de dar pleno reconocimiento al derecho a la identidad de las personas trans, al no ejercer presión para agilizar la tramitación de la ley de identidad de género en el Congreso".
También advierte que "por un lado se han dado fallos emblemáticos que dan reconocimiento a la diversidad de familias, pero por otro, el Tribunal Constitucional continúa con una interpretación discriminatoria en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI)".
En la misma línea el estudio indica que "se debe aprobar una ley de identidad de género e implementar políticas que permitan a todas las personas trans una adecuada protección de sus derechos".
EFE
