Mientras palabras como “cárcel” resuenan en el Congreso de Estados Unidos como la pena adecuada para los responsables del caso Volkswagen, la compañía alemana se prepara para tratar de minimizar el coste económico del escándalo en una dura batalla judicial con múltiples frentes abiertos. El Departamento de Justicia de EE UU ha abierto una investigación para determinar si hay una conducta penal en el escándalo de las emisiones, la Fiscalía de Braunschweig (Alemania) dirige una causa por fraude y numerosos particulares han emprendido ya acciones legales en varios países, entre ellos España.
Estafa, competencia desleal, daño moral, publicidad ilícita o atentado contra la salud. Las causas son variadas pero el destinatario de las denuncias el mismo: Volkswagen. Robert, Amy, Rosa... los nombres propios de los particulares que han llevado a los juzgados la estafa muestran la diversidad de escenarios en los que la marca alemana tendrá que lidiar. Gobiernos, accionistas y asociaciones ecologistas y de consumidores también han iniciado acciones legales por la instalación de un software capaz de esquivar los controles de emisiones en 11 millones de vehículos.
“Las sanciones se tratarán en dos bloques: Europa y Estados Unidos. En el sistema americano pueden dispararse porque incluyen daños punitivos”, explica Santiago Viciano, profesor del ISDE y socio director de V abogados, bufete especializado en demandas colectivas. Volkswagen se enfrenta a tres paquetes de sanciones: las administrativas, impuestas por los gobiernos; las penales, dirigidas contra los responsables del fraude —aún por determinar—; y las civiles, en las que se incluyen las medidas que Volkswagen deberá tomar para resarcir a los afectados. En EE UU se han presentado ya casi 200 denuncias individuales reclamando miles de millones de dólares.
Para hacer frente a la ofensiva judicial que se aproxima, Volkswagen ha recurrido a los servicios de Kirkland & Ellis, uno de los bufetes norteamericanos más experimentados en los denominados juicios bet-the-company, demandas de cuyo resultado puede depender la supervivencia de la empresa. El bufete fue contratado por la petrolera BP tras la crisis del vertido de crudo en el golfo de México, un caso que se cerró la semana pasada con una multa de 20.800 millones de dólares (18.300 millones de euros).
El nulo impacto del escándalo en la seguridad de los conductores ha sido uno de los argumentos que Volkswagen ha usado desde que empezó la crisis: “Todos los vehículos afectados son técnicamente seguros y aptos para la circulación”, ha repetido al final de cada comunicado.El Departamento de Justicia de EE UU, donde se desveló el caso, fue el primero en iniciar una investigación, en colaboración con las autoridades medioambientales de la EPA, para determinar si hay responsabilidad penal. El país norteamericano ha mostrado contundencia ante negligencias de otros fabricantes de automóviles, si bien es habitual que recurra a acuerdos extrajudiciales: el pasado año General Motors saldó un problema con el sistema de arranque que costó la vida a 124 personas con una multa de casi 1.000 millones de dólares (unos 880 millones de euros) y Toyota pagó 1.200 millones de dólares (más de 1.000 millones de euros) por un fallo en el acelerador con el que se relacionan 34 fallecimientos, la mayor multa pagada nunca por un fabricante de coches.
A diferencia de Toyota, Volkswagen no ha negado su culpa. Tampoco está acreditado que su sistema haya causado ninguna muerte, aunque la pasada semana un afectado por una enfermedad pulmonar de Castellón presentó una denuncia al enterarse de que compartió garaje durante seis años con un afectado por el fraude. También en España, Manos Limpias ha denunciado ante la Audiencia Nacional a los presidentes de Volkswagen Audi España, Volkswagen Navarra y Seat.
El congresista estadounidense Frank Pallone la semana pasada dijo que “alguien deberá ir a la cárcel”. Puede ocurrir, según dice Santiago Viciano. “Posiblemente más de un directivo de Volkswagen acabe en prisión”, señala el abogado. “Para que haya causa penal debe haber mala fe, y en este caso la hubo”, añade.
Devolución del dinero
Viciano cree que los particulares pueden solicitar la devolución del dinero: “Les han vendido una cosa diferente a lo que aparece en el contrato”. Eso mismo, la devolución de lo que pagó, es lo que exige una de las demandantes particulares contra Volkswagen en Alemania. Las bajas emisiones fueron “un factor decisivo” para que comprara en 2010 un Volkswagen Sharan 2.0 TDI por 42.000 euros, afirma.
Pese a que el caso se desveló en Estados Unidos, el jefe de Volkswagen América, Michael Horn, culpa del engaño a “un par de ingenieros” en Alemania. Allí, la fiscalía de Braunschweig, al norte del país, investiga el caso y el jueves ordenó el registro de la sede de central, en Wolfsburgo, en busca de pruebas. La fiscalía de París también anunció el 2 de octubre el inicio de una investigación por “fraude agravado”.
Una española pide 25.000 euros
Una española afectada por el escándalo de emisiones ha reclamado 25.000 euros a Volkswagen por vía judicial. La demandante, que no quiere hacer pública su identidad, es propietaria de un Volkswagen Beetle 1.5 TDI, y considera que debe ser indemnizada por la pérdida de valor de su vehículo, los daños materiales, y el daño moral “por la confianza depositada”, según consta en la denuncia presentada ante un juzgado de primera instancia de Madrid.
“Me he sentido muy decepcionada. Quería este coche desde hace tiempo y contaminar menos era uno de los motivos”, explicó la dueña del coche a EL PAÍS. La afectada, asesorada por el despacho de abogados BCV Lex, ha solicitado a Volkswagen celebrar un acto de conciliación. “Pedimos que reconozca que los propietarios han sufrido un perjuicio y han sido engañados”, señaló Carlos Villacorta, socio director del despacho. EL PAIS
