(Buenos Aires, 20 de diciembre. EFE).- Un paquete de medidas que han sacudido la economía y la polémica por la designación por decreto de jueces para la Corte Suprema caracterizaron los primeros pasos del Gobierno de Mauricio Macri, que cumple hoy diez días en la Presidencia de Argentina.
“Cambio” prometió Macri en la campaña electoral y fue cambio lo que, a un ritmo acelerado, llegó al Gobierno de Argentina el 10 de diciembre pasado.
Macri no ha perdido el tiempo y comenzó a implementar una serie de medidas que evidencian el brusco giro en la política económica del país.
La principal diferencia con la gestión anterior es la eliminación de las restricciones a la compra de divisas, el llamado “cepo” al dólar implementado por el Gobierno de Cristina Fernández en 2011.
Tras la liberación, el tipo de cambio en la plaza oficial saltó, entre miércoles y jueves, de 9,83 pesos por dólar a 13,95, en lo que significó una devaluación de casi el 42 por ciento.
Sin intervención del Banco Central de Argentina en el mercado cambiario, el dólar retrocedió el viernes.
En este corto tiempo, Macri también redujo los impuestos a las exportaciones de soja, el cultivo estrella de Argentina, llevándolos del 35 % al 30 %, mientras las ventas al exterior de carne, cereales como trigo, cebada, maíz y girasol y otros cultivos regionales pasaron a estar exentas de retenciones.
En un encuentro con empresarios de la industria, el nuevo presidente argentino anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales.
Además, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó que bajarán a partir de enero los subsidios a los servicios de gas y electricidad, lo que se verá reflejado en un incremento en las tarifas a los usuarios.
Aún no está determinado cuánto de la devaluación y del ajuste en las tarifasenergéticas pasará a los precios, otro tema sensible después de los años con elevada inflación que viene transitando el país.
Para la consultora Elypsis, la inflación se situará este mes entre el 3,5 y el 4 por ciento.
Mientras, el organismo oficial de estadísticas, duramente cuestionado por sus datos durante los mandatos de Fernández, trabaja en confeccionar un índice “creíble” pero provisional para medir la subida de precios que estaría listo en las próximas semanas.
La escena política, que comenzó tranquila con el llamado al “diálogo” de Macri y sus conversaciones con los gobernadores de las 24 provincias argentinas, también se vio sacudida en estos 10 días por la decisión del Gobierno de implementar medidas por decretos.
El pasado lunes, Macri nombró a dos jueces para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, actualmente con solo tres magistrados de cinco que deberían integrarla.
Los cargos en el tribunal supremo de Argentina son propuestos por el presidente, pero deben ser aprobados por dos tercios del Senado.
Con la Cámara alta en receso, Macri eligió un mecanismo poco utilizado en la democracia argentina y se valió de un artículo de la Constitución que lo habilita a nombrar a los dos jueces en forma provisional hasta el próximo 30 de noviembre.
La medida, aunque legal, fue cuestionada por expertos constitucionalistas, por los legisladores del kirchnerismo y por representantes de la oposición como la diputada de centroizquierda Margarita Stolbizer, excandidata a la Presidencia.
Sin mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, el macrismo ha optado por manejarse con decretos presidenciales y evitar momentáneamente el llamado a sesiones extraordinarias durante el receso parlamentario que dura hasta el 1 de marzo.
“No tenemos Congreso y hay muchas decisiones urgentes”, justificó hoy el ministro de Justicia, Germán Garavano, en una entrevista con La Nación, en la que adelantó que entre fin de este año y el próximo enero habrá “muchas medidas por decreto”.
Entre esas medidas, Garavano enumeró la suspensión del código procesal penal impulsado por el kirchnerismo y el traspaso a la Corte Suprema de las escuchas judiciales, actualmente bajo la órbita de la Procuración General, un organismo todavía encabezado por una funcionaria de la gestión anterior.
