El gobernador opositor de Tarija, sur de Bolivia, fue sacado del cargo tras una votación de la asamblea legislativa local, dominada por el oficialismo, en tanto podría correr igual suerte el alcalde de La Paz, también adversario de un gobierno al que la oposición acusa de tendencias totalitarias.
La asamblea legislativa de Tarija, dominada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), sustituyó este jueves del cargo al gobernador titular, Mario Cossío, apoyada en una investigación de la justicia por supuestos malos manejos económicos, durante su primer mandato de 2005 a 2009.
La asamblea se amparó en la interpretación judicial de una Ley Marco de Autonomías, que da paso a la suspensión a sola acusación formal de un juez, aunque también prevé su reincorporación si la autoridad comprueba su inocencia.
En su lugar fue designado Lino Condori, un indígena militante del MAS.
Cossío, un antiguo opositor del presidente Evo Morales, había planteado previo a su relevo la creación de un Estado federal para poner fin a la judicialización de la política que, según su versión, realiza el mandatario.
Morales tiene una abrumadora mayoría en el Congreso boliviano y, según la oposición, enorme influencia en la Justicia.
El gobernador depuesto, quien tiene 27 procesos por malos manejos en su primera gestión, levantó este jueves una huelga de hambre iniciada el miércoles en un último intento por impedir su suspensión, informó su ex secretario general, Edgar Guzmán.
También fracasó la convocatoria de un paro regional por un comité civil de derecha.
En una primera reacción, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, también opositor, dijo que con la sustitución de Cossío "definitivamente este gobierno está jugando con fuego".
"No se equivoquen porque el pueblo boliviano y el pueblo cruceño no admiten dictaduras de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha. De persistir estas actitudes va a haber cientos de miles que vamos a estar dispuestos a ir a la cárcel o ir donde tengamos que ir para defender estos principios", advirtió.
Según la oposición, el gobierno de Morales está a la caza de sus adversarios.
Costas y Cossío encabezaron en 2008, junto a sus colegas de Beni y Pando, una violenta rebelión de grupos de derechas que asaltaron oficinas públicas y ocuparon aeródromos durante dos semanas. El gobierno dijo que se trató de un frustrado golpe de Estado.
El consenso político de derecha entre los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando fue conocido como la 'media luna', por su trazo geográfico.
Costas, que también está acusado en la justicia por malversación de fondos, consideró además que "esto se trata de democracia o dictadura, aquí se trata de libertad o totalitarismo", en medio de fuertes críticas a la justicia boliviana.
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, también opositor, enfrenta igualmente un proceso en la justicia por conducta antieconómica, mientras que el de Pando, Leopoldo Fernández, está preventivamente en la cárcel hace dos años acusado de instigar la matanza en 2008 de 12 campesinos leales a Morales.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, fue imputado por la fiscalía por cuatro delitos en el ejercicio de sus funciones, y pidió su arraigo y detención preventiva a un juez de garantías.
Revilla consideró que los procesos responden a una "persecución política" del oficialismo.
"Va a haber de nuestra parte una estrategia legal y jurídica como corresponde, pero también vamos a enfrentar la batalla política (...), vamos a responder como corresponde en defensa de la institucionalidad de La Paz y en defensa del voto ciudadano", agregó.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en contacto con la radio católica Erbol, negó que la imputación y la investigación que se le sigue a la autoridad edil responda a una persecución política.
La asamblea se amparó en la interpretación judicial de una Ley Marco de Autonomías, que da paso a la suspensión a sola acusación formal de un juez, aunque también prevé su reincorporación si la autoridad comprueba su inocencia.
En su lugar fue designado Lino Condori, un indígena militante del MAS.
Cossío, un antiguo opositor del presidente Evo Morales, había planteado previo a su relevo la creación de un Estado federal para poner fin a la judicialización de la política que, según su versión, realiza el mandatario.
Morales tiene una abrumadora mayoría en el Congreso boliviano y, según la oposición, enorme influencia en la Justicia.
El gobernador depuesto, quien tiene 27 procesos por malos manejos en su primera gestión, levantó este jueves una huelga de hambre iniciada el miércoles en un último intento por impedir su suspensión, informó su ex secretario general, Edgar Guzmán.
También fracasó la convocatoria de un paro regional por un comité civil de derecha.
En una primera reacción, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, también opositor, dijo que con la sustitución de Cossío "definitivamente este gobierno está jugando con fuego".
"No se equivoquen porque el pueblo boliviano y el pueblo cruceño no admiten dictaduras de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha. De persistir estas actitudes va a haber cientos de miles que vamos a estar dispuestos a ir a la cárcel o ir donde tengamos que ir para defender estos principios", advirtió.
Según la oposición, el gobierno de Morales está a la caza de sus adversarios.
Costas y Cossío encabezaron en 2008, junto a sus colegas de Beni y Pando, una violenta rebelión de grupos de derechas que asaltaron oficinas públicas y ocuparon aeródromos durante dos semanas. El gobierno dijo que se trató de un frustrado golpe de Estado.
El consenso político de derecha entre los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando fue conocido como la 'media luna', por su trazo geográfico.
Costas, que también está acusado en la justicia por malversación de fondos, consideró además que "esto se trata de democracia o dictadura, aquí se trata de libertad o totalitarismo", en medio de fuertes críticas a la justicia boliviana.
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, también opositor, enfrenta igualmente un proceso en la justicia por conducta antieconómica, mientras que el de Pando, Leopoldo Fernández, está preventivamente en la cárcel hace dos años acusado de instigar la matanza en 2008 de 12 campesinos leales a Morales.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, fue imputado por la fiscalía por cuatro delitos en el ejercicio de sus funciones, y pidió su arraigo y detención preventiva a un juez de garantías.
Revilla consideró que los procesos responden a una "persecución política" del oficialismo.
"Va a haber de nuestra parte una estrategia legal y jurídica como corresponde, pero también vamos a enfrentar la batalla política (...), vamos a responder como corresponde en defensa de la institucionalidad de La Paz y en defensa del voto ciudadano", agregó.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en contacto con la radio católica Erbol, negó que la imputación y la investigación que se le sigue a la autoridad edil responda a una persecución política.
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