En respuesta a la campaña de desestabilización y desconocimiento de las instituciones del Estado emprendidas por la derecha venezolana, el Gobierno Bolivariano seguirá firme en su propósito de hacer respetar las decisiones y los derechos del pueblo, así lo manifestó el vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, en directa alusión a los ataques dirigidos contra el parlamento nacional.
Durante la entrega de un conjunto de equipos para el mantenimiento de los servicios públicos de Los Valles del Tuy, en el estado Miranda, señaló que se ha pretendido objetar "el ejercicio democrático, legal y constitucional de la Asamblea Nacional, que está vigente hasta el 4 de enero de 2011".
Advirtió sobre el desarrollo de una campaña de descrédito, mediante llamados a acciones de desestabilización, comportamiento propio de la oposición venezolana ante "cualquier intento de profundizar los cambios para que el pueblo tenga acceso a la educación, telecomunicaciones y seguridad".
Mientras la Asamblea Nacional debate instrumentos que permitan dar respuesta a temas estructurales, en el marco de la emergencia generada por las lluvias, la reacción de la derecha apunta hacia la desestabilización y el desconocimiento de las instituciones del Estado venezolano, reiteró.
Al recordar el llamado hecho por el presidente de la República, Hugo Chávez; Jaua manifestó que el Gobierno nacional se mantendrá firme en su propósito de desarrollar una política en defensa de las instituciones y el derecho del pueblo, para que sean respetadas sus decisiones.
En torno al debate que se desarrolla en la AN para la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, indicó que se trabaja en la regulación para garantizar el uso adecuado de esta herramienta, tal como existe en diferentes partes del mundo.
"No se pueden utilizar los medios electrónicos para incitar al racismo, al desprecio por la condición religiosa y racial, para llamar a la rebelión o a la alteración del orden público, para incitar a pertenecer a redes de pornografía o establecer mecanismos de instigación al homicidio de cualquier ciudadano o autoridades públicas", precisó.
Sobre la base de esta apreciación, enfatizó que "el Estado está en el derecho de proteger a la población de todo aquello que la afecte y que viole los principios constitucionales para vivir en paz y tranquilidad".
(RNV)
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