Cuba notificó hoy que “en breve” se fijará fecha para el juicio contra el estadounidense Alan Gross y que la Fiscalía pedirá para él 20 años de cárcel por “actos contra la independencia o integridad territorial” de la isla.
El anuncio de La Habana recibió la condena de Estados Unidos, que además pidió la liberación “inmediata” del contratista.
Alan Gross, de 61 años, fue arrestado en La Habana el 3 de diciembre de 2009 por distribuir tecnología a una comunidad judía y se le acusó de espionaje, aunque hasta ahora no se habían presentado cargos en su contra.
Catorce meses después de su arresto y con una breve nota oficial divulgada en los medios se conoció que Gross, subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) que trabaja para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Maryland y dedicada a labores de desarrollo en otros países, será juzgado en la isla tras un “exhaustivo proceso de investigación”.
Según la nota oficial, el estadounidense está acusado de un delito contra la independencia o integridad territorial de Cuba y el fiscal pedirá 20 años de prisión.
La Habana dijo que esta información se ha trasladado por “vía diplomática” al Gobierno de Estados Unidos, al que se ha notificado que “sus representantes consulares, los familiares de Gross y los abogados de la familia podrán participar en el juicio”.
El Departamento de Estado de EE.UU. y la Casa Blanca reaccionaron al anuncio de La Habana con comunicados de condena sobre los planes de sentencia para Gross y para pedir la inmediata liberación del contratista.
“Ha estado detenido sin cargos durante más de un año, en contra de todas las obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos en materia de justicia y debido proceso”, destacó Washington.
En reiteradas ocasiones, de forma directa o indirecta, Washington ha demandado la liberación de Alan Gross, cuyo caso se ha convertido en un nuevo “escollo” entre Cuba y Estados Unidos, enfrentados desde hace más de cincuenta años.
El pasado enero, el “caso Gross” volvió a matizar las conversaciones migratorias entre ambos países que tuvieron lugar en La Habana si bien en esa ocasión la subsecretaria de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, al frente de la delegación estadounidense, pudo visitar al contratista.
Washington considera que este caso impide avanzar en temas de interés común con Cuba, según declaró recientemente el subsecretario de Estado de EE.UU. para América Latina, Arturo Valenzuela.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha reunido más de una vez con la familia Gross y se ha implicado personalmente en el caso.
En diciembre pasado, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, afirmó que el caso de Gross sería tratado de “manera adecuada y respetando los procedimientos”, y sostuvo que el contratista violó leyes cubanas y cometió delitos punibles.
El anuncio de La Habana recibió la condena de Estados Unidos, que además pidió la liberación “inmediata” del contratista.
Alan Gross, de 61 años, fue arrestado en La Habana el 3 de diciembre de 2009 por distribuir tecnología a una comunidad judía y se le acusó de espionaje, aunque hasta ahora no se habían presentado cargos en su contra.
Catorce meses después de su arresto y con una breve nota oficial divulgada en los medios se conoció que Gross, subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) que trabaja para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Maryland y dedicada a labores de desarrollo en otros países, será juzgado en la isla tras un “exhaustivo proceso de investigación”.
Según la nota oficial, el estadounidense está acusado de un delito contra la independencia o integridad territorial de Cuba y el fiscal pedirá 20 años de prisión.
La Habana dijo que esta información se ha trasladado por “vía diplomática” al Gobierno de Estados Unidos, al que se ha notificado que “sus representantes consulares, los familiares de Gross y los abogados de la familia podrán participar en el juicio”.
El Departamento de Estado de EE.UU. y la Casa Blanca reaccionaron al anuncio de La Habana con comunicados de condena sobre los planes de sentencia para Gross y para pedir la inmediata liberación del contratista.
“Ha estado detenido sin cargos durante más de un año, en contra de todas las obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos en materia de justicia y debido proceso”, destacó Washington.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha reunido más de una vez con la familia Gross y se ha implicado personalmente en el caso
La Casa Blanca manifestó en su nota que la intención de Cuba de pedir 20 años de cárcel para Gross “agrava la injusticia sufrida por un hombre que estaba ayudando a aumentar el libre flujo de información de, hacia y entre el pueblo cubano”.En reiteradas ocasiones, de forma directa o indirecta, Washington ha demandado la liberación de Alan Gross, cuyo caso se ha convertido en un nuevo “escollo” entre Cuba y Estados Unidos, enfrentados desde hace más de cincuenta años.
El pasado enero, el “caso Gross” volvió a matizar las conversaciones migratorias entre ambos países que tuvieron lugar en La Habana si bien en esa ocasión la subsecretaria de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, al frente de la delegación estadounidense, pudo visitar al contratista.
Washington considera que este caso impide avanzar en temas de interés común con Cuba, según declaró recientemente el subsecretario de Estado de EE.UU. para América Latina, Arturo Valenzuela.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha reunido más de una vez con la familia Gross y se ha implicado personalmente en el caso.
En diciembre pasado, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, afirmó que el caso de Gross sería tratado de “manera adecuada y respetando los procedimientos”, y sostuvo que el contratista violó leyes cubanas y cometió delitos punibles.
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