El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, negó que Venezuela esté obligada a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) si el fallo está sometido a presiones políticas y no es conforme a la legislación nacional.
"El Estado venezolano no está obligado a sentencias que estén al margen de su ordenamiento legal y constitucional", indicó Russián, en momentos en que la CorteIDH, de San José, estudia si hubo violación de los derechos políticos de Leopoldo López con su inhabilitación en 2008.
Russián, que impuso en agosto de ese año la inhabilitación a López, por dos supuestos casos de corrupción, indicó que la Corte Interamericana, "como muchos organismos internacionales, está sujeta a presiones políticas".
López, exalcalde del municipio Chacao, denunció al Estado venezolano por considerar que se habían vulnerado sus derechos al ser inhabilitado mediante un procedimiento administrativo, sin haber tenido derecho a la defensa y sin que haya habido una sentencia penal que así lo determinara.
"En este caso la única forma de que ellos sentencien a favor de López es violentando el ordenamiento legal y constitucional venezolano, pero además de eso significaría que ellos estarán revistiendo de carácter político irregularidades o delitos contra los bienes de los estados", dijo Russián.
El Contralor General señaló que, "si se decide conforme a derecho, evidentemente que (el fallo) debiera ser vinculante", pero objetó que "si se decide en contra del ordenamiento legal ningún país lo va a estar acatando".
López testificó ante la Corte Interamericana y aseguró que el Gobierno manipula las inhabilitaciones políticas, como la suya, para evitar que candidatos populares pongan en riesgo el poder del oficialismo.
"El Estado venezolano no está obligado a sentencias que estén al margen de su ordenamiento legal y constitucional", indicó Russián, en momentos en que la CorteIDH, de San José, estudia si hubo violación de los derechos políticos de Leopoldo López con su inhabilitación en 2008.
Russián, que impuso en agosto de ese año la inhabilitación a López, por dos supuestos casos de corrupción, indicó que la Corte Interamericana, "como muchos organismos internacionales, está sujeta a presiones políticas".
López, exalcalde del municipio Chacao, denunció al Estado venezolano por considerar que se habían vulnerado sus derechos al ser inhabilitado mediante un procedimiento administrativo, sin haber tenido derecho a la defensa y sin que haya habido una sentencia penal que así lo determinara.
"En este caso la única forma de que ellos sentencien a favor de López es violentando el ordenamiento legal y constitucional venezolano, pero además de eso significaría que ellos estarán revistiendo de carácter político irregularidades o delitos contra los bienes de los estados", dijo Russián.
El Contralor General señaló que, "si se decide conforme a derecho, evidentemente que (el fallo) debiera ser vinculante", pero objetó que "si se decide en contra del ordenamiento legal ningún país lo va a estar acatando".
López testificó ante la Corte Interamericana y aseguró que el Gobierno manipula las inhabilitaciones políticas, como la suya, para evitar que candidatos populares pongan en riesgo el poder del oficialismo.
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