El vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, concejal Alejandro Vivas, denunció este martes la paralización de las obras en los 19 talleres expropiados en las parroquias San José, Altagracia, Santa Teresa y Santa Rosalía, desde hace tres semanas por falta de recursos y la falta de respuesta a los legítimos dueños de los terrenos.
Vivas explicó que los dueños de estos terrenos recibieron el 15 de diciembre de 2010, una medida de ocupación y orden de desalojo “en 48 horas” por parte de los Consejos Comunales y la Milicia, y solo fueron notificados oficialmente mediante la publicación de la Gaceta Oficial 39.588 el 6 de enero de 2011. “Sin que hasta la fecha, se haya presentado a conversar con ellos algún funcionario del Gobierno nacional para establecer el justiprecio de sus propiedades y las bienhechurías ya derribadas por el gobierno”, apuntó.
“En ninguno de los 19 talleres y estacionamientos actualmente están trabajando, las familias que residen, en su legítimo derecho, se han negado a desalojar sus viviendas, hasta tanto no les den una solución”, puntualizó el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Vivas considera que esta política de expropiaciones no alcanzará los objetivos de la construcción de viviendas prometidos por el Gobierno. “Bajo el concepto de la emergencia, se procedió a atropellar en su legítimo derecho a un grupo de venezolanos, sin planificación, sin proyectos, sin ningún tipo de coordinación y estos son los resultados: a 77 días, ya tienen tres semanas paralizadas las obras”, enfatizó.
Ministro responda
El edil Metropolitano exigió al Ministro de Estado para la Transformación Urbana de Caracas, Francisco Sesto, que responda a los caraqueños y a los venezolanos con responsabilidad sobre el tema de las viviendas y expropiaciones en la Gran Caracas.
“¿Dónde está el Ministro Francisco Sesto? (…) Ellos eran los encargados de llevar adelante estos proyectos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Es así que van a construir las 150 mil viviendas que prometió el Gobierno nacional?, ¿es así que se van a construir las 23.079 viviendas que prometió Farruco Sesto para el Área Metropolitana”, cuestionó.
Vivas dejó claro que “el látigo al que verdaderamente deben temer los funcionarios públicos, no es al látigo de Chávez, como lo dice el ministro Sesto, sino el látigo de los ciudadanos haciendo la verdadera contraloría ciudadana, porque lo que queremos todos, es que de una vez por todas se construyan las viviendas”.
Destacó además que “el único cartel oficial que existe, por supuesto, violando todas las leyes, es un cartel que solamente dice que se van a hacer 96 viviendas dignas por parte del Gobierno nacional, pero no tiene quien es el contratante, no tiene quien es la empresa contratada, no tiene el monto, ni el cronograma, violando todas las condiciones que debe tener una obra pública”, sentenció.
Vivas advirtió que en los últimos días los Consejos Comunales y la Milicia han emprendido una política para acallar las protestas y reclamos. “Este lunes, un sargento y funcionarios de la milicia se presentaron a los terrenos para colocar un comunicado, donde se le prohíbe a los dueños de los terrenos permitir la entrada de cámaras y medios de comunicación, e incluso se les prohíbe dar declaraciones a los medios sobre esta situación”, sentenció.
Vía nota de prensa
Vivas explicó que los dueños de estos terrenos recibieron el 15 de diciembre de 2010, una medida de ocupación y orden de desalojo “en 48 horas” por parte de los Consejos Comunales y la Milicia, y solo fueron notificados oficialmente mediante la publicación de la Gaceta Oficial 39.588 el 6 de enero de 2011. “Sin que hasta la fecha, se haya presentado a conversar con ellos algún funcionario del Gobierno nacional para establecer el justiprecio de sus propiedades y las bienhechurías ya derribadas por el gobierno”, apuntó.
“En ninguno de los 19 talleres y estacionamientos actualmente están trabajando, las familias que residen, en su legítimo derecho, se han negado a desalojar sus viviendas, hasta tanto no les den una solución”, puntualizó el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Vivas considera que esta política de expropiaciones no alcanzará los objetivos de la construcción de viviendas prometidos por el Gobierno. “Bajo el concepto de la emergencia, se procedió a atropellar en su legítimo derecho a un grupo de venezolanos, sin planificación, sin proyectos, sin ningún tipo de coordinación y estos son los resultados: a 77 días, ya tienen tres semanas paralizadas las obras”, enfatizó.
Ministro responda
El edil Metropolitano exigió al Ministro de Estado para la Transformación Urbana de Caracas, Francisco Sesto, que responda a los caraqueños y a los venezolanos con responsabilidad sobre el tema de las viviendas y expropiaciones en la Gran Caracas.
“¿Dónde está el Ministro Francisco Sesto? (…) Ellos eran los encargados de llevar adelante estos proyectos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Es así que van a construir las 150 mil viviendas que prometió el Gobierno nacional?, ¿es así que se van a construir las 23.079 viviendas que prometió Farruco Sesto para el Área Metropolitana”, cuestionó.
Vivas dejó claro que “el látigo al que verdaderamente deben temer los funcionarios públicos, no es al látigo de Chávez, como lo dice el ministro Sesto, sino el látigo de los ciudadanos haciendo la verdadera contraloría ciudadana, porque lo que queremos todos, es que de una vez por todas se construyan las viviendas”.
Destacó además que “el único cartel oficial que existe, por supuesto, violando todas las leyes, es un cartel que solamente dice que se van a hacer 96 viviendas dignas por parte del Gobierno nacional, pero no tiene quien es el contratante, no tiene quien es la empresa contratada, no tiene el monto, ni el cronograma, violando todas las condiciones que debe tener una obra pública”, sentenció.
Vivas advirtió que en los últimos días los Consejos Comunales y la Milicia han emprendido una política para acallar las protestas y reclamos. “Este lunes, un sargento y funcionarios de la milicia se presentaron a los terrenos para colocar un comunicado, donde se le prohíbe a los dueños de los terrenos permitir la entrada de cámaras y medios de comunicación, e incluso se les prohíbe dar declaraciones a los medios sobre esta situación”, sentenció.
Vía nota de prensa
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