El gobierno y la oposición negocian liberar a unos 10.000 presos de las cárceles de Chile, hoy el país con la más alta tasa de reos per cápita de América Latina.
La iniciativa, que cobró fuerza después de que 81 reos murieran quemados en un penal en diciembre, busca resolver el hacinamiento que sufren los reclusos, calificado de inhumano por la Corte Suprema.
El acuerdo, que la Iglesia Católica pidió sin resultados a mediados de 2010, está cruzado por la posibilidad que los beneficios alcancen también a violadores de derechos humanos de la dictadura.
Actualmente, unos 65 militares y civiles cumplen pena efectiva en cárceles militares por estos crímenes, aunque otros 700 están procesados, segun cifras oficiales.
La opción de un indulto a exmilitares, planteada en medio del debate por el diputado oficialista Alberto Cardemil, exviceministro del regimen militar, es rechazada por la centro izquierda.
En ese marco, monseñor Ricardo Ezzati, quien ha asumido roles mediadores en diferentes conflictos sociales los últimos meses, destacó la necesidad de encontrar una salida al problema carcelario.
“Nos interesa que si planteamos un problema realmente pueda ser considerado para que desde la perspectiva propia del gobierno se busquen las medidas para ir al encuentro de esa realidad”, sostuvo.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, descartó que el plan debilite la lucha contra la delincuencia, promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera, en gira por España.
“Ninguna de las medidas que nuestro gobierno va a anunciar tiene que ver con debilitar el combate contra la delincuencia”, aseguró Hinzpeter.
“La verdad es que es un conjunto de medidas que tiene que ver más con el hacinamiento y el uso racional de la cárcel para combatir mejor la delincuencia”, agregó.
Desde la oposición de centro izquierda, el senador socialista Fulvio Rossi fustigó que sólo hoy el gobierno comprendiera el problema y culpó a la derecha del hacinamiento en las cárceles.
“La culpa es del discurso político y de las campañas populistas de este gobierno de derecha, que decía ‘tolerancia cero’ (…), pero se dieron cuenta que no era coherente”, afirmó.
La crisis carcelaría, evidenciada por la muerte de 81 internos en un incendio en diciembre, descabezó ya a la jefatura de la policía de prisiones y motivó diversos motines.
El gobierno, en medio de críticas de la oposición, propuso un plan de 11 puntos para mejorar la situación penal, con una inversión de 460 millones de dólares.
Chile, con 318 presos por 100.000 habitantes, es el país con la mayor tasa de presos en Latinoamérica. En total, hay 55.000 presos en el país, un 50 por ciento más que hace diez años.
Otras 50.000 personas cumplen penas alternativas o con sistemas de reclusión parcial, según cifras oficiales.
El incremento obedece al paso hace diez años de un sistema penal escrito a otro oral que aceleró juicios, en medio de un clima político favorable a endurecimientos de las sanciones.
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