(AFP) - El asesinato de un candidato al concejo municipal de Toribío (suroeste) el pasado fin de semana empañó aún más la campaña a las elecciones regionales colombianas de octubre, donde ya son 20 los aspirantes muertos de manera violenta.
Alfredo Ríos, de 48 años y candidato del partido Liberal, engrosó el sábado una lista de 20 candidatos o precandidatos de varias organizaciones políticas asesinados en diversas regiones de Colombia desde el pasado 2 de marzo.
Aunque la violencia política, especialmente en comicios regionales, ha sido frecuente en Colombia, las cifras que se acumulan en esta campaña superan ya a las de la anterior contienda de 2007, pese a que aún faltan tres meses para el día de la votación, previsto el 30 de octubre.
“Las regiones han sido históricamente las elecciones con mayor carga de violencia política, porque son las que definen el poder en el territorio”, explicó Alejandra Barrios, directiva de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE).
“Sin embargo, en la campaña de 2007, registramos 14 homicidios de candidatos, cifra inferior a la que lleva hasta ahora el actual proceso electoral”, agregó
Además de los 20 aspirantes asesinados, la MOE ha reseñado hasta ahora 32 amenazas, siete atentados y cuatro secuestros, especialmente en los departamentos de Antioquia (noroeste), Valle (sur), y Arauca y Norte de Santander (noreste, fronterizos con Venezuela).
Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, apuntó que “en Colombia el fenómeno de la violencia electoral se ha venido dando desde hace décadas, sobre todo cuando se trata de definir el poder local. Los paramilitares y la guerrilla usaban la violencia para imponer a sus candidatos, pero esos hechos habían disminuido en los tiempos recientes”.
“Lo preocupante ahora es lo que parece un rebrote en la intención de las guerrillas por incidir en el poder local” aunado a “acciones de grupos mafiosos que también aspiran al control del territorio”, dijo.
Para Barrios, los motivos de esta violencia tienen que ver tanto con la disputa del territorio por parte de grupos armados ilegales como con el intento de controlar rutas del narcotráfico o de obstaculizar un plan de restitución de tierras a campesinos despojados.
“Hay zonas donde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha) tenían una estructura de poder muy clara. Tras su desmovilización (entre 2003 y 2006) han surgido allí otros grupos criminales que han intensificado la disputa por el control del territorio”, señaló.
“En otras regiones estaría jugando más la oposición a la ley para reparación a las víctimas del conflicto armado y de restitución de tierras, pues serán los próximos alcaldes y concejales quienes en última instancia deberán ejecutar la devolución de los predios”, indicó.
Esa ley, aprobada el pasado 10 de junio, busca reparar a unos 4 millones de personas víctimas de las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública en el marco del conflicto interno, además de devolver unos 6 millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias despojadas.
El tercer factor de violencia identificado por la MOE es la acción del narcotráfico, especialmente en las regiones sobre el océano Pacífico.
“Hoy, controlar las rutas de salida de las drogas significa controlar el Pacífico colombiano, una zona que también disputa la guerrilla”, dijo Barrios.
Según un estudio del gobierno de medidos de julio, al menos 26% de los 1.103 municipios colombianos presentan algún riesgo -extraordinario, alto o medio- de seguridad de cara a las elecciones regionales.
“El gobierno hace esfuerzos para neutralizar esa violencia, pero es muy difícil garantizar la seguridad a todos los candidatos. Debe centrarse en desvertebrar a esos grupos en las zonas en las que actúan más que en ponerle un guardaespaldas a cada candidato”, concluyó Rangel.
