(AFP) – Ecuador recordará hoy el primer año de una rebelión policial que hizo tambalear al presidente Rafael Correa y revivió el fantasma de la inestabilidad en un país que tuvo ocho mandatarios desde 1996.
En la víspera del aniversario, las Fuerzas Armadas, que respaldaron a Correa durante la sublevación, reiteraron su “respeto a la institucionalidad del Estado”.
También, los términos de un informe militar que asegura que el mandatario fue retenido por insurrectos que pusieron su integridad en “grave riesgo”, según una declaración televisiva del jefe del Comando Conjunto, general Ernesto González.
Correa, el gobernante que más ha durado en el cargo desde 1996 (asumió en 2007), liderará una concentración en Quito para evocar el episodio que dejó diez muertos y, asegura, fue un intento de golpe de Estado y magnicidio.
El mandatario de izquierda sostiene que el acto es una manera de estar alerta frente a nuevas conspiraciones, pero sus opositores lo acusan de usar la fecha para afirmar la tesis del golpe, que desmienten.
“Es un despilfarro publicitario”, dijo a la AFP la asambleísta Susana González, del partido Madera de Guerrero (derecha), para quien el 30 de septiembre de 2010 es una “fecha nefasta” en que una protesta se salió de control “por la intemperancia de Correa”.
“No hubo una figura que liderara una asonada ni un grupo político que lo desconociera”, argumentó la diputada, marcando diferencias con los tres derrocamientos ocurridos en Ecuador en los años 90.
“La crisis institucional no acabó con la Constitución de 2008 y seguirá generando turbulencia, más aún cuando 2012 es un año pre-electoral”, advirtió el politólogo Alexei Páez a la AFP.
La oposición no anunció ningún acto conmemorativo, aunque el legislador Cléver Jiménez anticipó que planea viajar a La Haya a demandar a Correa ante la Corte Penal Internacional “por crímenes de lesa humanidad”.
Jiménez acusa a Correa de haber ordenado disparar contra el hospital de la Policía donde él mismo se refugió. El mandatario rechaza esa versión. A su vez, las Fuerzas Armadas también niegan haber atacado el sanatorio, de donde rescataron al gobernante tras 11 horas de retención.
La versión del supuesto ataque llevó al presidente a demandar por injuria calumniosa, en marzo, a un columnista y tres directivos del diario El Universo, condenados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares.
Los cuatro apelaron la sentencia, que marcó el punto más álgido de la pugna del jefe de Estado contra un sector de la prensa al que acusa de intentar desestabilizarlo.
“No permitiré que se metan con mi honor, con mi familia, ni con el 30 de septiembre”, advirtió Correa, que tras la revuelta prometió radicalizar su proyecto y en mayo logró imponer su propuesta en un referendo sobre reformas a la justicia y para regular a la prensa.
Hace un año, cientos de policías se amotinaron contra una ley que derogó las primas por ascensos y condecoraciones en la fuerza pública.
Correa, que reivindica haber duplicado los salarios de los policías, fue sitiado por agentes en el hospital donde se internó tras ser agredido en un cuartel al que acudió para sofocar la protesta en Quito.
El presidente, un economista de 48 años con una popularidad de más de 70% según un reciente sondeo, afirma que la sublevación fue instigada por policías corruptos bajo investigación, en alianza con opositores, para sacarlo del poder.
Exhibe como pruebas la toma del aeropuerto de Quito (por parte de un grupo de militares) y del Congreso, así como los pedidos de renuncia y amnistía desde la oposición en medio del caos.
Para la congresista González, Correa se dedicó el último año a “reiterar estas falacias y a concentrar más el poder confiscando el sistema judicial y la libertad de expresión”.
El legislador César Rodríguez, antiguo aliado de Correa, criticó en declaraciones a la AFP que mientras el gobierno convierte la fecha en un “evento de marketing político” y la impunidad reina en torno a los hechos, la oposición “es incapaz de asumir su responsabilidad diciendo que no pasó nada”.
