Ante la discusión de la nueva Ley de Arrendamientos, el sector dedicado a la construcción en Venezuela se encuentra a la expectativa sobre las consecuencias que tendría para el país.
El Presidente de la Cámara Venezolana de Construcción (CVC), Juan Francisco Jiménez, explicó que dicha propuesta puede generar conflictos sociales indeseados.
Señala que en el artículo 73 de dicha Ley, se discute la obligatoriedad por parte de las empresas constructoras de disponer en los complejos habitacionales con más de 10 viviendas que un 10% de inmuebles que estén destinados al arriendo.
Jiménez explicó que esos alquileres deben hacerse de manera obligatoria con los precios y los inquilinos que defina el Estado.
“La actividad de arrendamiento es muy distinta a la de la construcción. Estamos preparados para construir. Arrendar requiere de otra estructura completamente diferente”.
Además señaló que en esta discusión no se ha considerado las recomendaciones de los empresarios, por lo que la medida puede ser considerada como arbitraria y unilateral.
Consideró que la aplicación de la Ley de Arrendamiento, puede colocar en peligro de paralización la inversión privada en materia de construcción en el país y también abrir el escenario para nuevos conflictos sociales “completamente indeseables”.
“Así como hay 700 mil familias en condición de arrendamiento, así también hay la misma cantidad de familias propietarias de esos inmuebles, de esas áreas, de esos cuartos que se están alquilando”.
Indica que el proyecto se redactó unilateralmente, pues considera exclusivamente a quienes alquilan y no a arrendadores ni constructores. Jiménez ofreció declaraciones tras el lanzamiento del plan Progreso y Bienestar, impulsado por Fedecámaras.
Vía La Verdad
