El diputado Claudio Farías (Psuv / Miranda) exhortó a los arrendados a cumplir sus deberes y derechos, tal y como lo establece esa ley, pues tanto para los propietarios como para los inquilinos se han establecido sanciones pecuniarias.
Una vez que entre en vigencia el texto legal, aprobado en segunda discusión el pasado jueves 27 de octubre, los propietarios de las viviendas que llevan más de 20 años en alquiler están obligados a vender los inmuebles a sus inquilinos. “Ya esas personas han pagado, en 20 años, más del valor real del apartamento que habitan. Eso ocurre mucho en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas, y específicamente en Chacao”.
El parlamentario, durante una entrevista en el canal institución al Antv, explicó que solamente en la capital de la República hay once familias propietarias de más de cien edificios. Ellos están calificados por la Ley como multiarrendadores. “Pero lo peor del caso es que, además de mantener las viviendas en alquiler por más de 20 años, no les han hecho mantenimiento de ningún tipo”.
Farías también recalcó que -a diferencia de lo que los profetas del desastre avizoran sobre la referida Ley- en Venezuela, la propiedad privada está garantizada. “Así lo establece la Constitución de la República. Por lo tanto, los apartamentos de playa, las fincas y otros inmuebles utilizados para vacacionar están exceptuados del ámbito de aplicación de esta ley”.
Para el diputado, la norma ataca directamente los intereses de los arrendadores especuladores y elimina los desalojos forzados. En tal sentido, llamó la atención de los multiarrendadores, “como un tal señor Said, de Tucaras, quien además de ser propietario de varios innumerables de la zona, contamina el ambiente con los desagües de sus infraestructuras”.
Entre los datos aportados por el legislador destacan las sanciones para ambas figuras, así como la prohibición del cobro de alquileres en moneda extranjera. La ley establece la regulación de los alquileres en todos los espacios del territorio nacional, incluyendo las barriadas populares.
Finalmente, Farías explicó que el organismo rector, además de tener como función fundamental el cálculo de los cánones de arrendamiento, será el mediador en las relaciones entre el propietario y el inquilino.
Con información de la AN.
