El célebre juez español Baltasar Garzón se sentó este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo español que durante las próximas semanas debe juzgarlo por haber querido investigar los crímenes de la dictadura franquista pese a la existencia de una ley de amnistía.
El acusado decidió "acordar competencia a la Audiencia Nacional" (principal instacia penal española, ndlr) para investigar las "desapariciones forzosas" denunciadas en 2006 por los familiares de las víctimas, afirmó la secretaria del tribunal leyendo la causa contra Garzón.
Minutos antes, el juez, de 56 años, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, había sido recibido por varios de sus colegas jueces, reunidos en el Tribunal Supremo para expresarle su apoyo.
También unos 200 de sus partidarios, entre ellos muchos familiares de las víctimas del franquismo, se habían concentrado en la calle para expresar su rechazo por un proceso que denuncian como "injusto".
"Pienso que es un juez valiente, es el único que se ha atrevido a investigar los crímenes franquistas", afirmaba Mercedes del Vas, de 47 años.
Tres de sus familiares desaparecieron durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75), entre ellos su abuela, que fue identificada en una fosa común en Toledo (centro), explicó.
Garzón "está en el tribunal y los asesinos en la calle", denunció, mientras a su alrededor decenas de personas gritaban "¡Queremos memoria, queremos justicia!".
Demandado por dos asociaciones de ultraderecha, que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977 por querer investigar la suerte de cerca de 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, el juez Garzón puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.
AFP
