(EFE).- El caso de una niña de 11 años embarazada, cuya madre pidió a la justicia que se le permitiera interrumpir la gestación
pues era fruto de abusos sexuales, pero inesperadamente desistió de ello,
ha reavivado en Argentina la polémica que rodea a la legalización del
aborto.
Organizaciones sociales denunciaron hoy posibles presiones a la
familia de la nena embarazada de tres meses, luego de que la madre se
presentara inesperadamente este jueves en los tribunales de la provincia
argentina de Entre Ríos para desistir del pedido para que la justicia habilite
el aborto.
Estela Díaz, representante de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro y
Gratuito, integrado por varias entidades, indicó a la prensa que “los abogados
(de las ONG) están investigando el tema para tomar acciones ante las
presiones que pudo sufrir la familia”.
La madre de la niña, que cambió de parecer luego de mantener una audiencia
con el juez del caso, Raúl Tomaselli, “fue intimidada, presionada,
manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo”,
indicó a su vez un comunicado de la Campaña.
La abogada María Benítez, representante legal de la familia de la menor y del
hospital de la ciudad de San Salvador, había presentado el pasado día 16 un
pedido ante la Justicia entrerriana para que la niña fuera sometida a un aborto
al argumentar que fue abusada sexualmente por un joven de 17 años y que existía
riesgo para su salud.
El adolescente, investigado por abuso sexual con acceso carnal, fue citado
por el juez José Tournour, pero se negó a declarar, dijeron portavoces
judiciales.
Medios locales afirman que la madre había pedido que se le practicara el
aborto a la niña en el hospital de San Salvador, pero allí le aconsejaron que
pidiera primero la autorización a la Justicia.
“Se actuó de manera indebida porque el personal médico no tendría que
haber judicializado el tema y cuando el juez Tomaselli recibió el caso
debería haber enviado a la niña a un centro de salud para que se le practique el
aborto, debido a que está contemplado en el artículo 86 del Código Penal”,
evaluó Díaz.
En este mismo sentido se pronunció el Instituto Nacional contra la
Discriminación, que consideró que el pedido no debió haber llegado a la justicia
ya que la interrupción del embarazo debió haberse realizado “sin demora”.
El aborto está prohibido por ley en Argentina, salvo en casos de peligro para
la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada,
pero estos casos suelen dirimirse en los tribunales.
La polémica se agudizó además con un informe del hospital provincial
Masvernat, que concluyó que la menor se encuentra “en perfectas
condiciones físicas de afrontar el embarazo” y que “el feto también se encuentra
en muy buen estado desde el punto de vista clínico”.
El informe, solicitado por el juez Tomaselli, fue rechazado por diversas
organizaciones sociales.
A medida que desciende la edad de una niña embarazada, “aumenta
proporcionalmente el riesgo de morir por complicaciones relacionadas al embarazo
y el parto”, advirtió hoy en declaraciones radiales Ariel Karolinski,
de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño
(Asumen).
Aseguró que “el principal estudio sobre mortalidad materna en
Argentina establece claramente la relación entre el riesgo de muerte
materna y la edad de las mujeres”.
En cambio, el ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, opinó que “no
hay ninguna causa para interrumpir el embarazo” y consideró que “cualquiera
puede correr riesgo de vida en todo embarazo infanto-juvenil, que tiene
distintos riesgos, como tiene cualquier otro”.
“El ministro deja de lado los riesgos de la niña y, lejos de
encuadrarse en la ley, dice que la naturaleza es sabia”, opinó
Díaz.
Distintos proyectos para despenalizar el aborto comenzaron a tratarse el año
pasado en el Parlamento, pero las discusiones quedaron trabadas por falta de
apoyos.
