(Reuters) - Venezuela no considera posible un acuerdo con
ConocoPhillips, por lo que seguirá el arbitraje que sostiene desde hace
años con la petrolera estadounidense, dijo el sábado el ministro de Energía del
país sudamericano.
Venezuela enfrenta una veintena de arbitrajes internacionales tras la
prolongada oleada de expropiaciones ejecutada por el Gobierno de Hugo Chávez a
partir del 2006, lo que expone al país socio de la OPEP al pago de
multimillonarias indemnizaciones.
Los arbitrajes más onerosos que se cursan contra Venezuela son los de las
petroleras norteamericanas Exxon Mobil y ConocoPhillips, que exigen en total más
de 40.000 millones de dólares en compensación y están bastante
avanzados.
“No, seguimos en los arbitrajes”, dijo a Reuters Rafael Ramírez, ministro de
Energía de Venezuela, cuando se le preguntó si era posible un acuerdo amistoso
con Conoco.
El primer fallo, emitido a fines del 2011 por la Cámara de Comercio
Internacional (ICC, por su sigla en inglés), fijó una compensación de 907,58
millones de dólares a ser pagados a Exxon por la estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA).
Pero el 2012, decisivo para Venezuela por las elecciones presidenciales de
octubre, podría estar marcado por otros veredictos que se esperan de tribunales
como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones
(Ciadi) y que podrían implicar nuevos pagos.
Ramírez sostuvo que “no hay manera” de que el fallo del caso que lleva con
Exxon en el Ciadi salga en el 2012.
Venezuela consideró que el fallo de la ICC era favorable, ya que debería
pagar unos 255 millones de dólares por la nacionalización de sus activos en el
2007, tras descontar deudas pendientes y cuentas a su favor, lo que constituye
apenas una fracción de la suma decidida por el tribunal arbitral.
Sin embargo, Chávez dijo el miércoles que Exxon Mobil “robó” al país, por lo
que debería pagar daños y perjuicios .
Ramírez ha reiterado que Venezuela no se niega a desembolsar una
compensación, siempre que la considere “justa”.
Según sus estimaciones, el país petrolero no debería pagar más de
2.500 millones de dólares por ambos casos, pero los cálculos de
analistas privados son muy superiores.
Por Deisy Buitrago
