AFP) – La noche del 5 de abril de 1992 Perú fue sacudido por la frase “disolver, disolver el Congreso” en boca del presidente Alberto Fujimori, inaugurando un autogolpe de Estado. Veinte años después, con visiones aún contrapuestas, el ‘fujimorismo’ mantiene su vigencia como la primera fuerza de oposición.
A dos décadas de aquella noche, el exmandatario, de 73 años, cumple una condena de 25 años de cárcel desde 2009 por violaciones a los derechos humanos, pero el partido que agrupa hoy a sus partidarios, ‘Fuerza 2011′, logró colocar en las elecciones del año pasado a 37 representantes en el Congreso unicameral.
Su hija Keiko, de 36 años, disputó la segunda vuelta de la elección presidencial que ganó en 2010 el nacionalistaOllanta Humala. Dedicada hoy a mantener vivo al ‘fujimorismo’, analistas la posicionan como una potencial candidata para las elecciones de 2016.El Congreso peruano tiene un total de 130 bancas, siendo el fujimorismo el grupo opositor con mayor representación parlamentaria.
El fujimorismo (derecha) “está todavía muy presente, tiene un núcleo duro, que está muy arraigado y con mucho poder económico”, estimó en una reciente entrevista el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, derrotado por Alberto Fujimori en las elecciones de 1990.
Su influencia se mantiene pese a las visiones contrapuestas sobre el autogolpe de Fujimori, que clausuró además la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, en medio de una pugna con el Congreso, en el cual no tenía mayoría y lo consideraba un obstáculo para gobernar.
El abogado y exsenador Raúl Ferrero recuerda de esa fecha las agresiones que sufrió junto a otros congresistas.
“Pese a la disolución del Congreso, los legisladores acordamos reunirnos al día siguiente en la sede del Colegio de Abogados de Lima, pero una fuerza de soldados de élite nos lo impidió en medio de forcejeos, empellones y golpes de garrote”, relató a la AFP.
Tras el sorpresivo anuncio de Fujimori, que le permitió asumir poderes absolutos, tanques del ejército salieron durante la noche a patrullar las calles de Lima y rodearon las sedes del Congreso, del palacio de Justicia y zonas estratégicas para evitar disturbios.
Contingentes del ejército ocuparon los diarios y canales de televisión implantando una censura de prensa. La intervención alcanzó también a las agencias de noticias extranjeras, como la AFP, cuya redacción fue ocupada esa misma noche por un capitán del ejército y dos soldados, como “medida de seguridad”, según dijeron.
Ferrero, abogado constitucionalista, relata que pocos días después senadores y diputados lograron reunirse y tomaron juramento al primer vicepresidente Máximo San Román -opuesto al autogolpe- como presidente constitucional, pero ello fue en vano “porque a esas alturas el golpe ya estaba consolidado”.
El autogolpe tuvo un amplio respaldo entre los peruanos, aunque la mayoría lo considera hoy una experiencia que no debería repetirse.
Una reciente encuesta reveló que el 47% de los peruanos considera que fue “necesario” en ese momento, mientras que el 38% lo estimó “innecesario”. Remontados a las circunstancias de 1992, un 50% lo desaprobaría y un 37% lo aprobaría.
El martes, Keiko Fujimori afirmó que se trató de “una medida excepcional que nunca debe repetirse” y admitió que “se cometieron excesos y graves errores”.
No obstante, justificó esa decisión, alegando que se tomó en “un momento dramático y excepcional cuando los terroristas de Sendero Luminoso dinamitaban la capital todos los días” y cuando el país estaba saliendo de la hiperinflación que había dejado el primer gobierno del socialdemócrata Alan García (1985-1990).
El gobierno de su padre (1990-2000) “sentó las bases del actual crecimiento económico del país, un modelo que ha sido respetado por los siguientes mandatarios”, dijo Keiko.
Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, opinó que el autogolpe “trató de instrumentar el miedo de la gente para, bajo pretexto de atacar los grandes males del país, convertir al país en un enorme botín para un pequeño grupo de inescrupulosos que montaron la mayor red de corrupción”.
“Fue una época de infamias que envenenó la moral pública”, escribió Lerner Febres en el diario La República.
Para Mario Vargas Llosa “fue una tragedia para el Perú, y quien destruyó la legalidad(Fujimori) fue un criminal, un criminal que afortunadamente está pagando ese crimen”.
