AFP) – La justicia investiga el robo de al menos 74 armas que estaban en el depósito de una comisaría de Buenos Aires en un hecho donde se sospecha están implicados policías, según publica este domingo la prensa local.
“Este hecho no tiene precedentes en la historia de la Policía Federal, no sólo queremos descubrir quién robó las armas, sino también quién las compró”, dijo al diario La Nación una fuente de la investigación.
El robo se produjo en la comisaría 38 de la capital argentina en el barrio de Flores y cercana a la villa conocida como 1-11-14, una de las más peligrosas de Buenos Aires donde se sospecha actúa el narcotráfico.
Se trata de un lote de armas, la mayoría de ellas pistolas 9mm y revólveres calibre 22 que permanecían bajo custodia policial tras ser secuestradas a delincuentes en diversos operativos.
La justicia aún no concluyó de reconstruir el inventario del depósito por lo que el número de armas robadas podría ser mayor.
El faltante lo percibió un policía cuando acudió al depósito para buscar un arma que requería un juzgado como prueba en un juicio, tras lo cual el comisario de la seccional presentó la denuncia.
“Alguien que conocía la cantidad de armas depositadas vendió el dato y hubo un interesado en el cargamento. El comprador estaba antes de que desaparecieran las armas” dijo la fuente.
Según los investigadores las armas fueron sacadas de la comisaría en los bolsos que utilizan los policías para llevar sus pertenencias.
“Eso explicaría por qué no se llevaron ningún FAL, porque no entraban en los bolsos”, dijo la fuente.
Por el caso hay al menos un policía investigado por “hurto doblemente calificado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y destrucción de medios de prueba”, según La Nación.
La fiscal Mónica Cuñaro, a cargo de la investigación, dijo que recibió “la colaboración del Ministerio de Seguridad” para esclarecer el caso.
La comisaría está situada en una zona caliente del delito y en proximidades de una de las villas (barrios marginales) más conflictivas de la capital argentina donde se hacinan unas 40.000 personas, con gran presencia de inmigrantes peruanos y bolivianos que viven en paupérrimas condiciones.
Meses atrás el Ministerio de Seguridad relevó a la Policía Federal de la custodia de ese lugar y se lo encargó a otras fuerzas de seguridad, la Gendarmería y la Prefectura, para evitar situaciones de connivencia con el delito.
