EFE) Venezuela consumará mañana su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) abriendo un panorama incierto para los inversores en materia de arbitraje mientras sigue atada al ente del Banco Mundial en varios procesos en su contra.
La salida del órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) llega entre celebraciones de quienes apoyan la decisión del Gobierno de Hugo Chávez, que esgrime la defensa de la soberanía para hacerlo, y el escepticismo de quienes temen que aumente el riesgo país y desaliente inversiones.
Venezuela formalizó el pasado 25 de enero la denuncia “irrevocable” del convenio por medio del cual se creó el Ciadi alegando la protección del “derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación”.
El Gobierno venezolano defendió esa salida cuestionando que esa jurisdicción internacional, dijo, “ha fallado 232 veces a favor de los intereses trasnacionales en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”.
Venezuela cierra el capítulo Ciadi con procesos como el de la minera ruso-canadiense Rusoro y la petrolera ConocoPhillips aún pendientes de resolver.
No obstante, la salida del Ciadi no supondrá el final del recurso al arbitraje en casos de controversias, como recuerdan expertos que señalan que Bolivia y Ecuador han afrontado casos luego de que formalizaran su retiro de esa instancia en 2007 y 2010, respectivamente.
El abogado Roland Pettersson, experto en arbitraje, negociación y mediación, explicó a Efe que con este retiro no necesariamente se evitará que sean presentadas demandas contra el país y recordó que la jurisdicción del Ciadi no sólo se aplica por el convenio sino cuando se haya suscrito un contrato o un tratado bilateral de inversión que incluya una cláusula Ciadi.
En ese sentido, recordó que es el “tipo de contrato” y de inversión suscrito entre el particular y el Estado el que determina el ámbito de resolución de conflictos.
Advirtió de que el inversionista foráneo “suele tener cierta suspicacia respecto de los tribunales del país que sea” y que fue esa una de las razones para darle vida al Ciadi como “un tercero ajeno al contrato”.
El también abogado y experto en arbitraje internacional Victorino Tejera dijo a Efe que, además del Ciadi, existe una veintena de tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones entre Venezuela y otros países que prevén mecanismos de resolución de controversias.
Precisó que el hecho de que la ley venezolana rija los contratos “no cambia en mucho las cosas”, al asegurar que eso no excluye el arbitraje internacional, principalmente cuando son tratados bilaterales, e incluso detalló que estos, pese a que respetan las leyes locales, están regidos por el derecho internacional público.Detalló que entre las posibilidades que ofrecen estos tratados se encuentran los tribunales de arbitraje ad hoc bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para del derecho mercantil internacional; la corte permanente de arbitraje de La Haya o el llamado mecanismo complementario del Ciadi.
Tejera estimó que la decisión de salir del Ciadi hace “más difícil” y “más cara” la inversión extranjera, aunque en su opinión ésta seguirá llegando.
“Obviamente el riesgo país sube y lo van a hacer con una prima más alta”, añadió el experto, quien calificó como “demagogia” la defensa de la soberanía de quienes defienden la salida del Ciadi.
En el otro extremo, el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Jesús Cepeda, declaró a Efe que Venezuela defiende un modelo “proclive a la construcción de un socialismo” basado en su realidad, lo cual implica que revise todos sus tratados.
Opinó que el Ciadi, al igual que organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “no tienen funcionalidad orgánica para Venezuela salvo los intereses que ellos defienden” como, citó, los de las trasnacionales y la derecha internacional.
Cepeda defendió que en los mecanismos de integración regionales “hay los respectivos protocolos” que garantizan la relación comercial entre los países por fuera del BM y del Fondo Monetario Internacional.
La catedrática y exmagistrada Hildegard Rondón de Sansó argumentó a Efe que Venezuela, al estar suscrita al Ciadi, recibió ataques “por todos lados, con sumas astronómicas” por su política de nacionalizaciones.
Criticó que en estos procesos se debe enfrentar “un sistema jurídico totalmente distinto” con tribunales arbitrales generalmente “constituidos por abogados pro-empresarios”.
En su opinión, el país debe plantearse la búsqueda de alternativas, como la conformación en el marco de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur) de tribunales permanentes para dirimir estas controversias y sentar jurisprudencia al respecto.
