Existen factores neurobiológicos que no son tomados en cuenta en la atención de los problemas de conducta de los adolescentes, lo que origina políticas públicas basadas muchas veces en la “mano dura” o con sesgo represivo que solo agrava la situación, sostuvieron especialistas.
María Edith Baca, consulta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y especialista en salud mental familiar y comunitaria, sostuvo que el desarrollo neurológico culmina recién a los 20 o 21 años de edad, y por eso los adolescentes no pueden controlar sus impulsos.
“La falta de desarrollo neurológico implica también que los adolescentes no sean capaces aún de planificar su vida, ejercer un pleno razonamiento ni tampoco funciones ejecutivas. Por eso, el juicio de un adolescente es menos maduro que el de un adulto”, manifestó.
En diálogo con la agencia Andina, la experta afirmó que este factor se suma a otros de tipo externo como vivir en un hogar con problemas de violencia familiar, falta de afecto, pobreza, delincuencia, consumo de drogas u otros flagelos que originan una conducta antisocial y un círculo vicioso.
Baca consideró que para tratar adecuadamente a adolescentes con problemas de conducta se requiere reconocer el factor neurobiológico que caracteriza a esta etapa del desarrollo humano, pero también una estrategia asertiva que fortalezca la identidad de ese sector de la población.
La práctica de actividades deportivas, recreativas, artísticas, capacitaciones laborales, formación en valores, participación en obras a favor de la comunidad, generación de liderazgos, entre otras iniciativas, son vehículos para lograr que los adolescentes desarrollen comportamientos positivos.
A ello hay que sumar el compromiso de resarcir el daño causado a otras personas o a la comunidad, partiendo de una reflexión y luego una voluntad de reparación y de no volver a portarse mal, añadió.
La especialista anotó también que es necesario elevar el presupuesto asignado a la salud mental, que actualmente representa el 2% del total de recursos del sector Salud, a no menos del 10%; pero también hacerlo en los presupuestos que manejan los gobiernos regionales y locales.
Indicó que del presupuesto para salud mental, el 82% se destina a las instituciones psiquiátricas y la diferencia va a las regiones y a los centros de atención primaria.
“A partir de esas cifras, uno puede notar el bajo nivel de atención en salud mental que recibe la población adolescente y el desafío que representa para el Estado este tema”, expresó.
Sin embargo, Baca destacó que a nivel de las instituciones psiquiátricas se está produciendo un cambio en el enfoque de la atención en salud mental, donde se prioriza a la comunidad desde la atención primaria en los centros de salud.
ANDINA
