República Dominicana rastrea en su registro a los inscritos de forma irregular
Marie Etienne Desire Joseph se convirtió el lunes 29 de septiembre en la primera dominicana de origen haitiano en recibir un permiso de estadía temporal de manos de las autoridades migratorias de República Dominicana. “Es la primera ciudadana en acogerse voluntariamente a la sentencia del Tribunal Constitucional”, dijo el director de Migración, José Ignacio Taveras, minutos después de entregarle a Marie el carnet que certifica su condición de extranjera y de estrecharla en un abrazo ante las cámaras de televisión. El 23 de septiembre pasado, el Constitucionalemitió una sentencia que niega la nacionalidad a los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular o “en tránsito” que hayan nacido en el país a partir de 1929.
Marie, que nació hace 37 años en territorio dominicano, declaró ante las autoridades haber sido inscrita en el registro civil en forma irregular por sus padres haitianos y una carta enviada a la Junta Central Electoral, encargada del registro civil, pidió la nulidad de su acta de nacimiento. Ahora posee un carnet que le permitirá hacer legalmente lo no que no han podido quienes crecieron en su misma condición: continuar estudios universitarios, tener un trabajo con seguridad social, registrar a sus hijos, abrir una cuenta en el banco, existir como ciudadanos extranjeros en el país donde nacieron. “Lo que me pidieron, ellos lo tuvieron: una carta de mi trabajo, unos papeles de migración, y la Junta se encargó de hacer todo por mí”.
“Este permiso especial de estadía temporal le habilita para el ejercicio de todos los derechos y deberes de los extranjeros residentes en territorio nacional”, dijo Taveras, y explicó que Marie, al estar casada con un dominicano de padres dominicanos, podrá en un futuro optar a la naturalización. “Lejos de haber llegado a un limbo [jurídico], estamos saliendo de un limbo”, agregó el director de migraciones en respuesta a quienes critican la sentencia desde las ONG de derechos humanos, la comunidad internacional y los medios, por considerar que viola especialmente el derecho a la nacionalidad de cuatro generaciones nacidas de padres haitianos que durante el último siglo han migrado a República Dominicana, la mayoría para trabajar como jornaleros.
Muchos de ellos cuentan con registros de nacimiento, han tenido cédulas de identidad electoral dominicanas y han participado en elecciones como votantes y como candidatos. En 2007, la Junta Central Electoral aprobó una resolución (la Resolución 12-07) que negaba la emisión de más documentos a su nombre, en medio de un plan de depuración del registro civil y bajo la premisa de que el acta de nacimiento, en sí misma, no es un documento que atribuye nacionalidad. “El acta de nacimiento es simplemente un documento declarativo de que nació una criatura de sexo femenino o masculino, hijo de los padres fulano y fulano de nacional tal. El acta lo único que recoge es la condición nacional de los padres, no de la criatura que nace. Por tanto, esa acta no puede ser considerada como un instrumento en ese momento para determinar la nacionalidad”, ha argumentado Roberto Rosario, presidente de la JCE, al alegar que los funcionarios a su cargo hacían lo correcto.
Una de las afectadas por la medida, Juliana Pierre Deguis, nacida en 1984 en República Dominicana de padres haitianos, solicitó un amparo y la opinión del máximo tribunal del país sobre el comportamiento de las autoridades. El 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional respondió que a Juliana no le correspondía la nacionalidad en virtud de que sus padres, que emigraron al país en la década de 1970 con un contrato para trabajar en los cultivos de caña de azúcar, eran extranjeros “en tránsito”. También ordenó la revisión de su certificado de nacimiento para determinar su validez o nulidad, y exhortó a los tribunales a proceder de la misma manera en casos similares. A la Junta Central Electoral le indicó que otorgara a Juliana un “permiso especial de estadía temporal”, como el que ya recibió Marie, hasta tanto se ponga en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales Radicados en el País, establecido en la ley de migración de 2004.
Otra de las responsabilidades de la JCE es realizar, en el plazo de un año, una auditoría minuciosa de los libros del registro civil, desde el 21 de junio de 1929 hasta la fecha, elaborar una primera lista de los extranjeros allí inscritos y una segunda lista de extranjeros “irregularmente inscritos”. Los de la segunda lista, deberán ser transferidos a un nuevo registro y notificar de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que éste informe de lo ocurrido “a las personas que conciernan dichos nacimientos, como a los consulados y/o embajadas o legaciones diplomáticas, según el caso, para los fines legales pertinentes”. De 14 magistrados, dos se opusieron a la sentencia.
El abogado dominicano Juan Miguel Castillo Pantaleón es uno de los más firmes defensores de la decisión del tribunal. El 21 de octubre, él y un grupo de empresarios, abogados, políticos y juristas reunidos en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití solicitaron a la JCE información sobre las inscripciones irregulares en el registro, con el fin de poner ante la justicia a quienes violaron la ley. “Como ciudadano quiero saber si las autoridades han cumplido con su deber. Si ha habido ilícitos, por qué no han actuado y si han actuado, qué ha pasado con esos expedientes. Y quiero también ejercer mi derecho a si tengo que denunciar como ciudadano, hacerlo. Porque en un tema tan delicado como éste los dominicanos estamos obligados a preservar nuestro país”, ha explicado el abogado a EL PAÍS.
Castillo Pantaleón ha sido corredactor de la ley de migraciones dominicana vigente desde 2004 y de su reglamento de aplicación, y del primer borrador del plan de regularización y se cuenta entre quienes defienden el principio de que “no regalar la nacionalidad dominicana no es violar los derechos de nadie”. “República Dominicana comparte un espacio insular con la nación más pobre del continente, de la que recibe un flujo migratorio incontenible, y recibe una presión absurda para que dominicanice la mayor cantidad posible de población haitiana. Como ciudadano dominicano no tengo que ser paranoico para suponer que en algún momento cercano los destinos de mi país van a ser dispuestos o definidos por extranjeros”, argumenta Castillo.
Él parte de la premisa de que la mayoría de los nacidos en República Dominicana que hoy reclaman la nacionalidad han sido incorporados al registro civil ilegalmente, desde 1929 hasta ahora. “(Las haitianas) vienen a parir a República Dominicana porque no tienen hospitales, hay un turismo de maternidad enorme. Pero peor aún: hay toda una mafia de falsificación documentaria. ¿Porque les dieron papeles son dominicanos? ¿Para colmo hay fraude y eso hay que celebrarlo? ¿Y si pides que lo investiguen, eres xenófobo? Habría que tener la cabeza torcida o ser muy ingenuo o muy tonto [para creer eso]”. Para él, es legítimo, lógico y natural que los dominicanos estén preocupados. “Principalmente, porque su Estado siamés está en unas condiciones que puede arrastrarlo a no alcanzar nunca un estándar mínimo de decencia. Porque la miseria es indecente y Haití es la nación más pobre del continente”.
EL PAIS
