La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón comenzó este lunes una investigación de los tres mayores bancos del país después de que uno de ellos se haya visto envuelto en un escándalo de financiación de grupos vinculados con el crimen organizado.
El regulador nipón analiza desde el lunes en las sedes de los tres "megabancos" (Tokyo Mitsubishi UFJ, Sumitomo-Mitsui y Mizuho) si se están tomando las medidas adecuadas para prevenir la financiación de grupos criminales.
La investigación se ha puesto en marcha después de que hace unas semanas se hiciera público que el banco Mizuho realizó préstamos a individuos y grupos relacionados con yakuza (nombre que reciben los clanes del crimen organizado en Japón).
El escándalo se destapó gracias a una inspección de la FSA entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, en la que se detectó que Mizuho realizó 230 operaciones, principalmente en forma de préstamos para la compra de automóviles, valoradas en más de 200 millones de yenes (1,5 millones de euros) con personas relacionadas con los yakuza.
Tras reconocer el escándalo, el propio banco tomó varias medidas como la penalización de más de 50 ejecutivos y su presidente, Yasuhiro Sato, renunció a la mitad de su salario anual tras reconocer que responsables de la entidad estaban al tanto de estas operaciones.
Por su parte, su predecesor, Satoru Nishibori, que abandonó el cargo en 2011, también devolverá de manera retroactiva parte del sueldo que recibió desde 2010, año en el que conoció por primera vez dichas transacciones.
Aunque un panel de expertos dictaminó la semana pasada que no hay pruebas que demuestren que el banco intentó tapar el escándalo, la FSA ha decidido investigar el caso por su cuenta y ha extendido las pesquisas a las otras dos grandes entidades del país.
El regulador nipón analiza desde el lunes en las sedes de los tres "megabancos" (Tokyo Mitsubishi UFJ, Sumitomo-Mitsui y Mizuho) si se están tomando las medidas adecuadas para prevenir la financiación de grupos criminales.
La investigación se ha puesto en marcha después de que hace unas semanas se hiciera público que el banco Mizuho realizó préstamos a individuos y grupos relacionados con yakuza (nombre que reciben los clanes del crimen organizado en Japón).
El escándalo se destapó gracias a una inspección de la FSA entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, en la que se detectó que Mizuho realizó 230 operaciones, principalmente en forma de préstamos para la compra de automóviles, valoradas en más de 200 millones de yenes (1,5 millones de euros) con personas relacionadas con los yakuza.
Tras reconocer el escándalo, el propio banco tomó varias medidas como la penalización de más de 50 ejecutivos y su presidente, Yasuhiro Sato, renunció a la mitad de su salario anual tras reconocer que responsables de la entidad estaban al tanto de estas operaciones.
Por su parte, su predecesor, Satoru Nishibori, que abandonó el cargo en 2011, también devolverá de manera retroactiva parte del sueldo que recibió desde 2010, año en el que conoció por primera vez dichas transacciones.
Aunque un panel de expertos dictaminó la semana pasada que no hay pruebas que demuestren que el banco intentó tapar el escándalo, la FSA ha decidido investigar el caso por su cuenta y ha extendido las pesquisas a las otras dos grandes entidades del país.
EFE