El Episcopado argentino publicó el viernes pasado un inaudito documento en el que solicitaba medidas urgentes contra el narcotráfico. El informe advierte de que Argentina “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”, muestra la “preocupación” por la “desprotección” de las fronteras, y “por la demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables”. Y lamenta que el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas contra las drogas (Sedromar) “lleve tantos meses sin tener su responsable designado”.
Los obispos no se han quedado con pelos en la lengua: “Lo que escuchamos decir con frecuencia es que a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes”, señala el documento. Y más aún: “La sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio. Pero también es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y ‘mira para otro lado”.
Grupos extranjeros
El gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, declaró que compartía la preocupación de la Iglesia. Más tarde, la Corte Suprema pidió al Gobierno medidas urgentes contra el narcotráfico. Una vez estudiados los informes presentados por los jueces de las provincias norteñas de Salta, Jujuy y Tucumán, donde se describe la “instalación de grupos extranjeros de gran magnitud”, la Corte reclama mayores medios para esas provincias, cuyos juzgados se encuentran desbordados por causas relacionadas con la droga.
Si antes era la presidenta, Cristina Fernández, quien echaba el problema sobre una justicia que permitía a los delincuentes entrar por una puerta y salir por la otra, ahora son los siete jueces de la Corte Suprema quienes señalan con el dedo al Gobierno. El responsable de Seguridad, Sergio Berni, admite que “la lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado”.
Hace tiempo que las mafias del narcotráfico comenzaron a corroer la estructura de un Estado. En abril del año pasado un sicario montado en moto siguió a un ciudadano de Colombia por uno de los barrios más adinerados de Buenos Aires y lo mató en plena calle, a las siete de la tarde, con tres balazos en la espalda y dos en la cabeza. Los periódicos hablaron de ajustes de cuenta entre narcos colombianos y el tema no salió de las páginas de sucesos. En octubre de 2012 fue detenido en Buenos Aires, Henry de Jesús López Londoño, uno de los mayores capos de Colombia. En abril de este año apareció en Buenos Aires otro colombiano asesinado con un tiro en la espalda, maniatado y dentro de una bolsa de basura.
En abril de 2012 renunciaba el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, por supuesta complicidad con el narcotráfico. El problema de las mafias infiltradas en las estructuras policiales parecía limitarse a Santa Fe. Pero al año siguiente, el pasado septiembre, presentaron su dimisión el ministro de Seguridad y el jefe de policías de la provincia de Córdoba, acusados también de complicidad con los narcos.
El pasado 13 de octubre, en plena campaña por las elecciones legislativas del 27 de octubre, cuatro hombres montados en dos motosdispararon 13 balazos contra la vivienda del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti.
Pero la mancha del narco no se detuvo en Córdoba y Santa Fe. El pasado 30 de octubre, los vecinos del municipio bonaerense de José León Suárez quemaron la comisaría del distrito después de que fuera asesinado en un tiroteo entre bandas de narcotraficantes un joven de 14 años. Los vecinos acusaban a la policía de connivencia con las mafias. Cada vez se va usando más el término de “narcopolicías”.
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