Esto a propósito de la presunción de las autoridades gubernamentales respecto a una sobrefacturación de importaciones por parte de varias empresas durante el año 2012 y posiblemente durante el 2013.
"No es aceptable que la información sobre las empresas beneficiarias de las asignaciones de dólares preferenciales se maneje como un secreto de Estado y su información no se haya publicado en el portal de Cadivi (...) Invocamos la transparencia en el manejo de los asuntos públicos", señala un extracto del documento.
En el escrito consignado ante el ente judicial los economistas explican que en el país no se puede importar con dólares oficiales sin que se emita la debida autorización por parte de Cadivi. Por esta razón, el Gobierno nacional ha iniciado seguimiento a la actividad económica de algunas empresas para determinar si las empresas han incurrido en el delito conocido como "empresas maletín".
Lea a continuación el contenido completo del texto introducido ante el TSJ: