Cómo salir de la crisis sin salir del euro
David Taguas repasa en su libro "Cuatro bodas y un funeral" la situación económica española y expone sus propuestas para conseguir una rápida recuperación: reducir el gasto público cinco puntos de PIB, bajar impuestos, reformar la Administración e impulsar políticas de competencia
La crisis actual no ha supuesto un proceso homogéneo para las economías y muy en particular para la economía española. En la primera fase, que se desarrolló entre agosto de 2007 y septiembre de 2008, los interrogantes se centraron en la naturaleza y magnitud de la crisis, así como en su carácter local o global. No obstante, a medida que iba avanzando 2008 se intensificaban y se extendían los efectos de la crisis. Después de los rescates de Merrill Lynch y de la aseguradora AIG y, sobre todo, tras la quiebra de Lehman Brothers, la crisis adquirió definitivamente un carácter global, se desplomaron las expectativas sobre la actividad y la atención pasó a centrarse en la intervención pública en unos mercados que
estaban secos de liquidez.
En la economía española, las cuentas públicas se deterioraron intensamente durante esta primera fase de la crisis. El superávit público empeoró en 4,9 puntos del PIB en solo cuatro trimestres, desde el 2,7% del PIB a un déficit del –2,2% del PIB en septiembre de 2008. Ello fue consecuencia de la drástica caída de los ingresos impositivos, que explicó más de la mitad de la reducción del saldo público, y también del incremento del gasto público, fuertemente empujado por las prestaciones sociales y el consumo público. La tasa de desempleo aumentó 3,3 puntos en cuatro trimestres, al ritmo de 0,8 puntos al trimestre. Esta primera fase se caracterizó por la fuerte caída de los ingresos públicos.
En la segunda fase de la crisis, que se desarrolló entre septiembre de 2008 y marzo de 2010, con una duración de seis trimestres, en las principales economías se aplicaron políticas fiscales expansivas y planes para abordar los problemas de los sistemas financieros. Estas políticas impulsaron la recuperación global que fue un hecho tras el verano de 2009. Pero el inicio de la recuperación hizo que los interrogantes cambiaran en el otoño de 2009. La atención se centró entonces en la sostenibilidad de las políticas fiscales que habían desempeñado un papel relevante para impulsar la recuperación económica. Otros focos de atención eran la situación de los sistemas financieros y los daños que había sufrido la capacidad de crecimiento de las economías.
El inicio de 2010 focalizó la atención en la sostenibilidad de la deuda en las economías europeas y, en particular, en las economías periféricas que habían empeorado considerablemente sus cuentas públicas con los consiguientes aumentos de deuda pública. Ello desencadenó la intervención de Grecia y la crisis de deuda en la primavera.En esta segunda fase continuó el deterioro de las cuentas públicas en la economía española. El déficit público español aumentó espectacularmente 9,1 puntos del PIB, alcanzando el máximo del 11,2% en marzo de 2010. En esta fase destacó el fuerte incremento de las prestaciones sociales, que aumentaron 2,7 puntos del PIB. El desempleo continuó su fuerte ascenso, en seis trimestres, 8,7 puntos, aumentando al ritmo promedio de 1,5 puntos al trimestre, alcanzando ya en el primer trimestre de 2010 la cota del 20,05%.
La crisis de deuda de la primavera de 2010 dio comienzo a la tercera fase de la crisis. Durante la misma, entre marzo de 2010 y diciembre de 2011, la economía española puso en marcha el primer proceso de consolidación fiscal, además de impulsar la reforma constitucional de agosto de 2011. Este primer proceso de consolidación fiscal redujo el déficit público en 2,1 puntos del PIB, que descienden a 1,7 puntos si no se tienen en cuenta las ayudas a las instituciones financieras que supusieron en 2011 0,5 puntos del PIB. Pero la consolidación fiscal no fue virtuosa, se basó demasiado en el incremento de los impuestos y en la reducción del gasto en inversión y muy poco en la reducción del gasto no productivo, a pesar de que se congelaron las pensiones, excepto las mínimas, e incluso se redujeron los salarios de los funcionarios públicos.
No obstante, durante esta tercera fase de la crisis se produjeron dos hechos de gran relevancia. La reforma constitucional de agosto de 2011 supuso un compromiso con el equilibrio presupuestario que constituyó una señal inequívoca para las instituciones y los mercados financieros. Y la reducción del salario de los funcionarios públicos junto con las dos reformas laborales, de 2010 y 2011, y la primera reforma de las pensiones de 2011 consiguieron quebrar la espiral inflacionista de salarios que se había producido durante las dos primeras fases de la crisis. El efecto demostración de los salarios públicos fue determinante en este proceso.
La consecuencia es que a pesar de los dos procesos de consolidación fiscal emprendidos durante los últimos tres años, la economía española sigue presentando un déficit público de doble dígito en septiembre de 2013, que asciende al 10,3% del PIB. Si se eliminan los efectos de las medidas temporales, el déficit se sitúa en el 8,1% del PIB, por lo que no es posible descartar un nuevo incumplimiento del objetivo a finales de 2013. Y ello a pesar de la significativa relajación del objetivo de déficit de la primavera de 2013.La cuarta fase de la crisis comenzó con la nueva desaceleración de la actividad que se fue intensificando durante la segunda parte de 2011, después de la intervención de la economía portuguesa y de las tensiones financieras del final de la primavera y del verano. Esta cuarta fase se desarrolla desde entonces, y en la economía española coincidió con el cambio de Gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011. Desde diciembre de 2011 se puso en marcha el segundo proceso de consolidación fiscal de la economía española. A pesar de ello, en septiembre de 2013 el déficit público aumentó en 0,7 puntos hasta alcanzar el 10,3% del PIB. Pero fue debido en parte a las ayudas a las instituciones financieras asociadas al rescate del sector financiero de 2012, que ascendieron a 3,3 puntos del PIB en septiembre de 2013. Si se eliminan estas, el déficit se redujo entre diciembre de 2011 y junio de 2013 en 2 puntos hasta el 7,1% del PIB. Además, si se eliminan todas las medidas one-off [las que se producen una sola vez], el déficit público se situó en septiembre de 2013 en el 8,1% del PIB, lo que compromete seriamente el cumplimiento del objetivo de déficit del 6,5% en diciembre de 2013.
EL PAIS
