(Buenos Aires, 28 de agosto. AFP).- Con cortes de rutas arrancó este jueves en Argentina la segunda huelga nacional del año, convocada por las tres centrales obreras opositoras a la presidenta Cristina Kirchner, que buscan paralizar el país en demanda de mejoras salariales, en momentos en que la economía está en declive.
El gobierno minimizó la protesta al sostener que “el 75% de los trabajadores no adhirió al paro”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich en su habitual rueda de prensa.
Según el portavoz de la presidencia “hay 20 gremios que efectivamente no adhieren y tienen 30.000 afiliados”.
Grupos sindicales y partidos de izquierda radicalizada realizaron desde la madrugada del jueves cortes y piquetes en los principales accesos a Buenos Aires para impedir el paso de algunos transportes públicos, como taxis y autobuses que no se plegaron al paro, hacia la Capital, que a diario recibe a más de un millón de personas desde la periferia, que suma a su población de tres millones de habitantes.
La huelga fue convocada en rechazo a la caída del empleo, a un impuesto a las ganancias que afecta gran parte de la masa de trabajadores y a una inflación en constante aumento, en un clima de presión sobre la moneda e incertidumbre financiera por un bloqueo judicial de pagos de la deuda en Estados Unidos que empujó a la tercera economía de América Latina a un default selectivo.
Maquinistas de trenes, bancarios, portuarios, trabajadores aeronaúticos, empleados de hospitales públicos y camioneros son algunos de los poderosos gremios que pararon sus actividades por 24 horas este jueves y se sumaron a otros sindicatos minoritarios que el miércoles empezaron la huelga por 36 horas.
Pero no lograron esta vez la adhesión del sindicato de los choferes de autobuses, transporte crucial que en el primer paro de este año, el pasado 10 de abril, hizo que fuera un éxito el objetivo de vaciar de gente las calles, los puestos de trabajo y las escuelas.
No obstante, algunos choferes de rutas interrupieron sus servicios y otros exigieron al Gobierno que garantice medidas de seguridad.
“El paro va a ser muy importante. Los colectivos están, ahora hay que ver si los van a conducir”, dijo Hugo Moyano, principal líder de la protesta y jefe de la CGT-Azopardo, uno de los dos sectores antikirchneristas de la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT).
Junto a la CGT Azopardo de Moyano, llamaron a la huelga la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo, y el sector opositor de la también dividida Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
El otro sector de la CTA y la CGT Balcarce, más cercana al gobierno, no se plegaron al paro.
Aunque por ahora la huelga dibuja un paisaje de semi paralización en las calles, no están operando servicios importantes como trenes ni aviones de cabotaje ni bancos.
En algunos hospitales públicos tampoco están trabajando los empleados.
Los sindicatos denuncian que la inflación anual superior al 30% castiga sin piedad los bolsillos de los asalariados en momentos que la tasa de desempleo creció de 7,1% a 7,5%.
Para el gobierno “no hay ninguna duda que éste es un paro de naturaleza política, con un objetivo opositor, gran parte de estos sindicalistas forman parte del alineamiento político del arco opositor”, sostuvo Capitanich.
En Argentina hay unos 11 millones de trabajadores registrados, de los cuales el 40% está sindicalizado, en tanto que otros cuatro millones carecen de empleo formal.
Cortes y enojo en las calles
El jueves en la mañana circulaban taxis y autobuses por Buenos Aires, mientras el metro de la capital tenía tres líneas que acataban la huelga y otras tres funcionando.
Desde temprano, las calles mostraban mayor presencia de automóviles particulares que lo habitual y las autoridades capitalinas autorizaron el libre estacionamiento.
Sindicatos radicalizados y agrupaciones de izquierda marcharon el miércoles por el centro de Buenos Aires también en denuncia de la situación económica que atraviesa el país.
“Son los mismos reclamos que hicimos el 10 de abril (en la primera huelga nacional del año) pero, ahora, agravado por despidos y suspensiones. Cuatro meses después, el poder adquisitivo ha decaído de manera significativa”, señaló Pablo Micheli, líder de la CTA opositora.
Los manifestantes reclamaron que se prohíban los despidos y suspensiones por un año y la derogación del impuesto sobre los salarios medios y altos.
También piden la reapertura de las negociaciones colectivas, debido a la inflación, que acumula 16,7% entre enero y julio, según datos oficiales y casi 40% de acuerdo a la medición de consultoras privadas que difunde la oposición en el Congreso.
Los partidos de la izquierda trotskista tienen previsto un diagrama de cortes de rutas en varias provincias de todo el país pese a que la convocatoria central a la huelga no contempla marchas ni actos.
