(Madrid, 17 de diciembre. EFE) – España tuvo a un nuevo rey – Felipe VI – en 2014, un año en el que el sistema político de las tres últimas décadas, basado en el bipartidismo, empezó a ser cuestionado y el protagonismo fue para varios casos de corrupción y para las aspiraciones soberanistas de los nacionalistas catalanes.
El 2 de junio, Juan Carlos I sorprendía a todos con el anuncio de su abdicación, después de 38 años y medio de reinado, para dar paso a su hijo Felipe.
El monarca, de 76 años, cedía así la Corona a su hijo de 46, con el argumento de que quería abrir una “etapa de esperanza” que combinara la experiencia y el impulso de “una generación más joven, con nuevas energías”, decidida a “emprender con determinación” las reformas que demanda la actual coyuntura.
Felipe VI, que desde su infancia se ha preparado para ser rey, fue proclamado el 19 de junio y expresó su vocación de servicio y su deseo de tener “una conducta íntegra, honesta y transparente”.La decisión de Juan Carlos I, no obstante, venía precedida de unos años duros para la Monarquía, en los que su figura, tradicionalmente respetada, empezó a ser criticada, al tiempo que su salud se debilitaba.
Este comentario puede leerse como una alusión al llamado “caso Nóos”, por el que la Justicia investiga a la segunda hermana del rey, la infanta Cristina, y a su marido, Iñaki Urdangarin, por un caso de corrupción.
Un juez debe aún decidir si sienta en el banquillo a Cristina de Borbón por delitos fiscales, mientras que el ministerio público pide para Urdangarin diecinueve años de cárcel por corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
El nuevo rey ha mejorado la imagen de la Monarquía respecto a los últimos tiempos de su padre y ha desplegado una intensa actividad en estos meses.
Uno de los lugares a los que ha acudido para participar en actos públicos ha sido Cataluña, donde varios partidos nacionalistas han llevado a cabo este año un intento de convocar una consulta para decidir acerca de la soberanía del territorio.
La iniciativa es rechazada por el Gobierno español, del PP (centroderecha) y por el primer partido de la oposición, el PSOE (socialista), por considerar que no tiene cabida en la Constitución.Por dos veces el Tribunal Constitucional paralizó ese intento de consulta, pese a lo cual los nacionalistas promovieron el 9 de noviembre un ejercicio de participación ciudadana por el que 2,3 millones de personas pusieron su voto en unas urnas sin valor legal.
La Carta Magna fue constantemente invocada por unos y otros en 2014, el año que vio morir a uno de sus artífices, Adolfo Suárez, el hombre que manejó con destreza la transición a la democracia.
La misma transición y la misma Constitución que ahora son puestas en tela de juicio, ya sea por los nacionalistas catalanes o por Podemos, el partido que ha irrumpido este año con la intención de acabar con el bipartidismo de PP y PSOE.
Con una estrategia basada en la crítica a los partidos tradicionales, que considera “casta”, Podemos fue la sorpresa de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, con casi el ocho por ciento de los votos.
Sin embargo, las encuestas de final de año le dan por encima del veinte por ciento en intención de voto, casi al mismo nivel que populares y socialistas, a los que quiere “barrer” del escenario político, según su líder, Pablo Iglesias.
El PP tiene su cruz en la investigación sobre la supuesta contabilidad B de su partido y en un caso de corrupción conocida como Gürtel, sobre el que el juez instructor afirma que se benefició de determinadas aportaciones, aunque los populares niegan todo.Aunque con unas propuestas que se pueden enmarcar en la izquierda, Podemos ha hecho fortuna también entre votantes más moderados, en especial los hastiados de la corrupción, que este año ha tenido varios casos sonados.
Los socialistas tienen problemas en su principal centro de poder, la región de Andalucía, con una investigación judicial sobre corrupción en subvenciones públicas.
Los nacionalistas catalanes vieron como su figura de referencia, el expresidente regional Jordi Pujol, admitió haber tenido cuentas en el extranjero, mientras que el poder local se vio sacudido por varias operaciones contra tramas corruptas en ayuntamientos y comunidades autónomas, basadas en comisiones ilegales a cambio de contratos.
Sin embargo, uno de los casos que más indignó a los ciudadanos fue el de las tarjetas de crédito opacas que empleaban directivos de entidades como Caja Madrid y Bankia – ésta tuvo que ser nacionalizada en 2012 debido a las grandes pérdidas – y que sitúa como principal encausado al exministro de Economía y exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato.
