Cuando la atención de la mayoría de las personas u organizaciones que dicen representar al movimiento de diversidad sexual en Chile, presta atención sólo a proyectos de ley tales como el PUC (Pacto Unión Civil) o al matrimonio igualitario, es donde se puede observar que todo el debate gira en torno a esos dos ejes, olvidando así, las otras necesidades que emergen al observar los aspectos sociales y/o culturales en los cuales las personas de la diversidad sexual se encuentran inmersa.
Si bien, no hay que desconocer el esfuerzo de las personas, organizaciones e incluso municipalidades de extender el debate a regiones para disminuir las tasas de discriminación, es posible observar que ello ya no es suficiente, que actualmente es necesario hacer mucho más que establecer sedes provinciales, oficinas en municipalidades o ir en la búsqueda de casos donde se vulneren los derechos las personas que han sufrido discriminación por género o su sexualidad.
Es necesario entonces, generar una cultura basada en el respeto a los derechos humanos, donde exista un reconocimiento del otro, a la diversidad, pero sobretodo, se debe promover una cultura basada en la igualdad y libertad de las personas en materia de sexualidad y género. Donde nadie, ningún ciudadano y ciudadana de este país, se vea menoscabado por pertenecer a algún grupo LGTBI.
Todo ello, esa necesidad de generar cultura en torno a los derechos humanos de la diversidad sexual y de género, queda en manifiesto, lamentablemente, en dos acontecimientos ocurridos en la última semana en Chile. El asesinato de una joven transexual y la vulneración que sufrió una joven en un hospital de Curicó al ser convertida en meme. Sumado a ello, no es casualidad que en Chile se hayan cometido 8 asesinatos por homofobia, los cuales se registraron en estudio efectuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posicionándonos en un ranking entre los 10 países de América Latina que en tan sólo 15 meses han cometidos más crímenes por homofobia.
Es así como hoy resulta necesario impulsar nuevos debates en temáticas de diversidad sexual y género, temáticas que generen cultura, respeto y se promuevan los derechos humanos de todos y todas en nuestro país. Y es aquí donde se puede identificar uno de los grandes problemas, los movimientos de diversidad sexual luchan hoy en las grandes Alamedas de Santiago por un matrimonio o unión civil que legitime a las parejas, pero la duda es si ¿existe realmente el contexto en el país para propiciar estas medidas?, ¿la aceptación de estos proyectos de ley va a terminar con la discriminación y los homicidios que han sido registrados en nuestro país?
Si observamos el contexto desde una perspectiva centralista, se puede afirmar que éste sería favorable, puesto que en Santiago estarían las condiciones para avanzar en temáticas que atañen a la diversidad sexual y de género, ya que los movimientos LGTBIQ se han encargado de permear y visibilizar la bandera homosexual en todos los rincones del Gran Santiago, o por lo menos, eso nos hacen creen. No obstante, las cifras arrojadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posicionan a Santiago como una de las ciudades donde se efectuaron la mayor cantidad de asesinatos en comparación al resto de Chile. Por otro lado, si ampliamos la perspectiva de análisis y avanzamos a las regiones, se observa que existe homofobia basada en un comportamiento machista, lo cual demuestra que el debate no se ha expandido de la forma correcta para todas las regiones del país, e incluso para todos los sectores de la sociedad, ya que el mismo MOVILH señala que las personas transexuales en situación de pobreza o extrema pobreza son más vulnerables en comparación a personas con una situación acomodada. A la vez, el XXII informe de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual emitido por el Movilh, señala que el sur del país presenta una tasa de discriminación más alta en comparación al norte de Chile.
Lo mencionado anteriormente, es posible evidenciarlo luego de la discriminación, por ejemplo, que sufrió un joven estudiante en el Liceo Luis Cruz Martínez de Curicó, al ser constantemente violentado por un profesor en horarios de clases por su homosexualidad. Otro caso, es el vivido por la joven curicana que fue convertida en meme por miembros del personal de seguridad en el hospital de Curicó, atentando contra su integridad psicológica producto del ataque virtual basado en el sexismo y discriminación por género. Sin olvidar, el lamentable asesinato de la joven transexual en la comuna de La Pintana.
Por otro lado, se observa en primera instancia, que la aceptación de proyectos de ley que versen sobre uniones civiles o matrimonio igualitario disminuiría en términos de derechos civiles, las desigualdades y discriminación a la que son sometidas las personas pertenecientes a los grupos LGTBI. No obstante, como antecedente previo en cuanto a la disminución de la brecha en derechos civiles está la Ley Antidiscriminación, que según el XII Informe de Derechos Humanos del Movilh, al 2013 demostró un aumento en un 33% de los asesinatos cometidos en la comunidad LGTBIQ, lo cual demostraría que no es suficiente sólo legislar a favor de la diversidad sexual y de género.
De esta manera, quedaría en evidencia que no necesariamente ampliar los derechos civiles de la diversidad sexual, es lo que se necesita para erradicar la discriminación. Sino que más bien, hay que adoptar medidas que actúen de forma transversal y en conjunto a esta ampliación de los derechos civiles en todo el país y clases sociales, para así, prevenir y eliminar la discriminación por identidad sexual y de género. Medidas que se basen en el reconocimiento del otro como un igual, como una persona con las mismas capacidades y amparo por parte del Estado. Lo cual permitiría terminar con los estigmas y la caricaturización por género o sexualidad a la que se enfrentan estas personas en Chile.
Es por ello, que el esfuerzo tanto de las personas, organizaciones o municipalidades que trabajan estas temáticas, debe ser mayor, y no concentrar todas sus energías en el matrimonio igualitario o pacto de unión civil, sino que trabajar e implementar medidas que permitan trabajar de forma paralela las necesidades e intereses de todos y todas. Medidas necesarias, y que se sustentan en el hecho de que las cifras y acontecimientos ocurridos en el último tiempo en contra de los derechos de la diversidad sexual y de género, demuestran con creces que en Chile se necesita trabajar ya por un programa de educación sexual para todo el país, donde la educación no sea sexista, donde el mismo Estado en conjunto a las organizaciones civiles trabajen en ello, asumiendo que este programa debe ser transversal a toda la sociedad, donde no haya intervención de la iglesia y que el Estado lleve a la práctica que es un Estado Laico, y que ello no sólo debe quedar en una mera declaración. Basta ya de atentar en contra de la diversidad, basta ya de ignorar a la sociedad, basta ya de trabajar sólo en demandas que mueven sólo a algunos sectores de la sociedad y que defienden los intereses de pequeños grupos de la comunidad LGTBIQ.
por Luis Fabián Riquelme Campos
Estudiante de Ciencia Política, Universidad Diego Portales.
