La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) denunció que niños, niñas y adolescentes son víctimas en “forma diaria” de diversos tipos de violencia en Paraguay, como el abuso y la explotación sexual, por lo que instó al Estado a proteger a ese sector de la sociedad.
La denuncia de la organización no gubernamental se produce cuando la sociedad paraguaya se enfrenta al debate sobre violaciones a menores, después de que en abril se conociera el embarazo de una niña de 10 años, encinta de unos cinco meses, presuntamente por abusos sexuales perpetrados por su padrastro.
La pequeña está a cargo de un hospital de la Cruz Roja en Asunción, mientras que la madre se encuentra en prisión preventiva por una supuesta complicidad con el padrastro, quien fue arrestado la semana pasada.
“Es necesario incrementar cantidad y capacidad de agentes fiscales, defensores, jueces y equipos auxiliares de la Justicia especialistas en niñez y adolescencia”, dice la CDIA en un comunicado.
La organización recuerda además al Estado paraguayo, así como a las familias y a la sociedad en general, que tiene “la obligación de proteger, defender y garantizar el desarrollo armónico y adecuado” de los menores y adolescentes frente a ese tipo de abusos.
En el caso específico del Estado, la CDIA señaló que sus órganos competentes deben “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen” los derechos a ese sector, como el derecho a la vida, salud o privacidad.
También instaron a la protección de toda la información relacionada a su identidad y privacidad, así como la de su familia, por parte de los medios de comunicación, operadores de Justicia e instituciones públicas.
Además exhortó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la implementación de protocolos de atención para las víctimas de violencia, abuso sexual y embarazos, desarrollando mecanismos de intervención que garanticen la vida, la integridad física y psicológica de estas personas, así como el respeto a su privacidad e intimidad.
La ONU denunció el lunes que el Gobierno paraguayo “ha fracasado en su responsabilidad de actuar con la debida diligencia” en el caso de la niña embarazada de cinco meses.
El peligro para la vida de la madre es la única opción para poder interrumpir el embarazo de manera legal en Paraguay, un hecho también criticado por la ONU.
De acuerdo con las cifras de 2014, que todavía son provisionales, 684 menores de entre 10 y 14 años dieron a luz ese año en Paraguay, mientras que unos 20.000 alumbramientos fueron de madres de 15 a 19 años.
Fuente: EFE
