Bolivia registró al menos 34 feminicidios o asesinatos de mujeres por cuestiones de género entre enero y mayo de este año, informó hoy el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem).
La región boliviana con el mayor nivel de feminicidios fue Cochabamba, donde hubo 11 casos; seguida por Santa Cruz, con 10; La Paz, con 7; Potosí, con 4; y Oruro, con dos, detalló a la radio Erbol la abogada del Cidem Verónica Miranda.
Según datos registrados por el Observatorio Manuela del Cidem, existe evidencia de que las víctimas sufrieron previamente agresiones físicas y psicológicas.
"Lamentablemente las mujeres están expuestas a esta serie de atropellos e inevitablemente van a engrosar la larga lista de fallecidas y sin que se haga justicia", señaló Miranda.
Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia contra la mujer y el segundo después de Haití en violencia sexual, según datos de ONU Mujeres.
El Gobierno de Evo Morales promulgó en 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de mujer y lo castiga con la pena más alta de la legislación boliviana, 30 años de prisión sin derecho a indulto.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que ha protestado varias veces por la lentitud con que las autoridades y la Justicia boliviana atienden estos casos, destacó hoy en un comunicado difundido por su oficina dos sentencias penales emitidas en las últimas semanas para castigar la violencia machista.
Uno de los casos mencionados por Villena se refiere a la condena a 20 años de cárcel para un hombre que en 2014 intentó asesinar a una muchacha de 19 años en la región de Tarija (sur).
El funcionario también destacó la sentencia a 25 años de prisión a dos bolivianos y cuatro años a un tercero por la violación sexual de una ciudadana estadounidense en el pueblo turístico de Samaipata, en Santa Cruz (este).
"Estos casos se constituyen en ejemplares, ya que es la primera vez que se condena de manera drástica un intento de feminicidio, y en el caso de Samaipata porque fueron varias organizaciones de la sociedad las que exigieron que el caso no quedara en la impunidad, como pareció ser la tendencia inicial", indicó Villena.
El Defensor del Pueblo indicó que ambos fallos son una señal de que se está avanzando, aunque opinó que es un avance lento, pues falta mucho por hacer para sancionar estos delitos y para cambiar el modelo patriarcal que enfrentan miles de niñas y mujeres en el país.
Villena volvió a instar a las autoridades nacionales y regionales a que declaren alertas contra la violencia hacia las niñas y mujeres para iniciar acciones concretas que permitan garantizarles una vida libre de abusos y agresiones.
EFE
