El Senado mexicano estudia estos días la Ley de Ingresos para 2016, que contempla un recorte en los impuestos a las bebidas azucaradas, una medida que organismos de consumidores y la oposición consideran un retroceso y una concesión a la industria de refrescos.
La Cámara de Diputados aprobó esta semana modificaciones a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que incluyen una reducción a la mitad de la tasa impuesta hace dos años a las bebidas azucaradas, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.
De ser aprobado por el Senado, el recorte del impuesto afectará a las bebidas que tienen menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Los refrescos más populares no están incluidos en ese grupo, pero sí los zumos y aguas de sabores que sobre todo consumen los niños.
“Es una incongruencia proponer primero el impuesto y ahora disminuirlo y debilitarlo”, algo que hacen “solo para satisfacer los intereses de la industria”, dijo a Efe Luis Manuel Encarnación, director de la Fundación Mídete.
Esta organización civil fue una de las impulsoras del impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 2014 y que en ese año logró recaudar más de 18.000 millones de pesos (1.090 millones de dólares) gracias a la tasa de 1 peso por litro (0,06 centavos de dólar).
Además, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), hubo una reducción promedio del 6% en el consumo de estas bebidas durante el pasado año.
La propia secretaria de Salud, Mercedes Juan, reconoció esta semana que el impuesto ha demostrado su eficacia desde el punto de vista de salud pública, ya que se ha logrado un descenso en el consumo de refrescos, productos que han contribuido a la epidemia del sobrepeso y obesidad que hay en el país.
Según Encarnación, la nación ha logrado reconocimientos a nivel internacional por haber implementado esta tasa y “ha sido una de las pocas políticas dentro de la estrategia nacional del combate a la obesidad que ha funcionado y logrado un impacto en la reducción del consumo”.
México es el segundo país con el mayor número de adultos con obesidad, por detrás de Estados Unidos, y el primero en sobrepeso infantil y enfermedades relacionadas, como la diabetes, tienen altas tasas de incidencia entre la población.
“Si se echa para atrás (el impuesto), estarán echando por la borda todo el avance, todo el reconocimiento que se le ha dado solo por apoyar a la industria refresquera”, denunció Encarnación.
“Atentaríamos contra la progresividad de la propia política” y, dado que la mayoría de productos afectados están dirigidos a los niños, se enviaría “un mensaje completamente erróneo” en el sentido de que “son saludables” porque tienen “menos impuestos”.
Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, explicó que aunque estas bebidas tengan menos azúcar que losrefrescos más populares, ello “no quiere decir que sean saludables”.
Una simple botella de agua de sabor contiene casi toda la cantidad de azúcar diaria recomendada para un niño, indicó Cavillo, quien atribuyó el cambio legislativo al cabildeo de empresas como Femsa, la mayor embotelladora del mundo, cuyo poder económico “es enorme”.
Señaló al político del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) Genaro Borrego como el principal “cabildero“, quien en la actualidad es director de Asuntos Corporativos de la mencionada compañía.
Estas firmas, agregó, gastan cifras millonarias para influir en la opinión pública e incluso “pagan a científicos para que hagan estudios y concluyan lo contrario de lo que ya es una evidencia y un consenso internacional para generar dudas”.
Calvillo recordó que la propuesta inicial de las organizaciones era que el impuesto no fuera de un peso, sino de dos, ya que de lo que se trata es de que haya diferencia entre los precios del agua embotellada y de los refrescos.
Senadores de los opositores Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN) han mostrado en los últimos días su rechazo ante la modificación de esta ley, que tendrá que ser discutida en la Cámara alta antes de final de este mes.
Fuente: EFE
