Los proveedores de las Administraciones Públicas territoriales se han convertido en víctimas del brusco cambio de mapa político que arrojaron los últimos comicios autonómicos, celebrados en mayo de 2015. Si por aquellos entonces el periodo medio de pago se situaba en torno a los 40 días, a finales de noviembre superaba los 61, la cifra más elevada desde que el Ministerio de Hacienda distribuye los datos de manera mensual. Esa escalada, además, responde a un patrón común: el espectacular aumento del periodo en numerosas autonomías gobernadas por el PSOE con apoyo de Podemos.
Pese a que el abono de las facturas se demora más que a principios de año en un total de 10 comunidades autónomas de todo signo, lo cierto es que las cifras llaman especialmente la atención en seis, cuatro de las cuales cuentan con Gobierno socialista sustentado por el apoyo parlamentario de Podemos y otras formaciones de izquierda.
Extremadura es el caso más paradigmático. Con Guillermo Fernández Vara al frente del Ejecutivo, esta región abona sus facturas a 138,2 días, casi cinco meses. A lo largo de 2015 su evolución ha sido especialmente negativa, ya que a principios de año abonaba a proveedores a poco más de 80 días. Ese comportamiento le ha supuesto varias llamadas de atención de parte del Gabinete del ministro Cristóbal Montoro, quien tras el verano envió una carta al Ejecutivo extremeño emplazándole a reconducir la situación. Vara, entonces, adujo el empeoramiento a la "herencia" recibida de manos del anterior Gobierno, pero lo cierto es que desde entonces el periodo de abono de facturas ha seguido empeorando.
Otra misiva similar fue enviada a Aragón, en manos del socialista Javier Lambán con el apoyo de Podemos. En esta autonomía, los proveedores cobran a casi 100 días, 16 días más que hace solo un año. Y rozándole ya los talones se encuentra Baleares, gobernada por la minoría del PSOE de Francina Armengol y varios partidos de la izquierda (también Podemos). El año 2015 ha resultado fatídico para los proveedores isleños: si en enero cobraban sus servicios a poco más de 36 días, ahora lo hacen a más de 95, prácticamente el triple.
Y aún hay más. La Comunidad Valenciana, gobernada por el barón socialista Ximo Puig con el apoyo de Podemos y Compromís, también ha empeorado sus registros, aunque en su caso sí se aprecia un cierto control. De un periodo medio de pago de 82 días hace un año ha pasado a otro de 87,5.
La excepción a los Gobiernos de corte progresista la protagoniza, por sorpresa, el castellano manchego Emiliano García Page. Allí, los proveedores están en mejor situación que hace un año y cobran a 34 días. Un registro que lleva al Ejecutivo regional a cumplir la Ley de Estabilidad y casi la Ley de Morosidad, que fijó en 30 días el plazo máximo para el pago de facturas por parte del sector público.
Más allá de las regiones gobernadas por la izquierda, hay otras dos comunidades que han dilatado el periodo medio de pago de facturas. Cataluña, en medio de un desafío soberanista peligroso para la economía, ha pasado de pagar en 38,7 días hace un año a hacerlo ahora a casi 67 días. Y Murcia, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos, abona sus facturas a 105 días cuando hace un año lo hacía a 58. Su presidente, Pedro Antonio Sánchez, huyó del discurso ahorrador de sus congéneres populares de otras regiones y al ser nombrado prometió a los murcianos "los impuestos más bajos de toda España".
Hacienda prevé mejoras
Los datos que distribuyó ayer Hacienda demostraron que el periodo medio de pago regional aumentó en noviembre 3,5 días (en octubre se había situado en 58 días). Hoy por hoy, Navarra y País Vasco son las autonomías que más rápido abonan, seguidas por Canarias (que paga a 7,5 días), La Rioja (25 días) y Galicia (29 días). Ellas cinco son las únicas que cumplen la Ley de Estabilidad y la Ley de Morosidad.
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid pagan entre 30 y 32 días, y Andalucía, gobernada por Susana Díaz con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, lo hace a 53.
En su nota de prensa, el Ministerio recuerda que durante el mes de diciembre se abonaron a las regiones algo más de 7.000 millones de euros que habían sobrado del FLA precisamente para pagar a proveedores, algo que se notará en los próximos meses. "A partir de marzo, que será cuando publiquemos los datos de enero de 2016, se apreciará como se reduce el periodo medio de pago de facturas", indicaron a este periódico fuentes del departamento de Cristóbal Montoro.
Esas fuentes adujeron que pese al empeoramiento de los datos, "los proveedores están cobrando" y eso se nota en que "cada día recibimos menos quejas de los mismos".
Incumplimiento sistemático de la Ley de Morosidad
El mayor control de las finanzas regionales por parte del Ministerio de Hacienda, que creó el FLA y el Fondo de Facilidad Financiera para facilitar el pago a proveedores, ha permitido que la deuda autonómica con proveedores se reduzca con intensidad. La situación ha mejorado, y así lo reconocen organizaciones de autónomos como ATA; la patronal CEOE; 'think tanks' como el IEE o el Círculo de Empresarios; y hasta las instituciones europeas.
Sin embargo, las leyes siguen sin cumplirse en una mayoría de casos. La Ley de Morosidad fijó en su día un plazo máximo de pago de facturas de 30 días. Hoy por hoy, apenas cinco regiones logran cumplir esa barrera, mientras que otras doce la sobrepasan sistemáticamente. Pese a que Hacienda, en una interpretación más laxa, permite pagos en hasta 60 días si hay acuerdo entre las partes, Extremadura, Aragón, Valencia, Baleares, Murcia y Cataluña tampoco respetan ese límite.
El Economista
