El Bloque Parlamentario
de la Patria que hace vida en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de
Cojedes (CLEBC) en voz del presidente de este ente, legislador Jesús Moreno,
aseguró; “la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es una demostración
inequívoca que la ley de vivienda de la derecha es una estafa”. De esta manera,
dan un respaldo total a la medida judicial.
Cabe recordar que la Sala Constitucional
del TSJ dictaminó según consta en la sentencia
No. 343 del 06 de mayo de 2016, la inconstitucionalidad de la Ley de
Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda
Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público, sancionada por
la Asamblea Nacional en sesión ordinaria el 13 de abril de 2016, esto se
produce en respuesta a la solicitud hecha por el ciudadano Nicolás Maduro
Moros, en su carácter de Presidente de la República, el 23 de abril de 2016.
Por tal
motivo, El Bloque Parlamentario de la Patria “respalda y considera justa esta
decisión del Poder Judicial que viene a ratificar la posición asumida por el
Gobierno Revolucionario que encabeza nuestro Presidente obrero y Chavista Nicolás
Maduro”, dijo Moreno. El legislador y
presidente del CLEBC aseguró; “La
oposición reacia a la parte social, busca con estas acciones, provocar una
burbuja financiera como la que ocurrió en Estados Unidos en 2008”. Dijo además que si el TSJ no se hubiese
pronunciado; “Las consecuencias serian irreversibles para el pueblo, ya que,
les cierra las posibilidades de resolver el problema de vivienda, incitando a
revivir una ola de invasión, incentivando a la gente a ocupar espacios privados
porque caerán en desespero y eso se había acabado con la llegada de la Gran
Misión Vivienda Venezuela”.
Además, al “echarle un ojo a la ley Estafa de la
Derecha podemos oberservar que la
Asamblea Nacional incurrió en usurpación de funciones del Director de la
Hacienda Pública Nacional -Presidente de la República- al condonar las deudas
contraídas por los beneficiarios de esta política pública en menoscabo de los
principios rectores de la seguridad social y de los deberes ciudadanos de
solidaridad y contribución con las cargas públicas”, y que
la Ley “resulta un subterfugio para
colocar los inmuebles destinados por el Estado a la satisfacción de un derecho
social como la vivienda en beneficio del mercado financiero y resulta contraria
a los postulados constitucionales previstos en los artículos 2, 3, 75, 82, 86,
133 y 135 del Texto Fundamental”.
