El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha vuelto a incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEPSOF) que él mismo aprobó a toda prisa al poco de alcanzar el poder en 2012. Esta norma consagra la austeridad para las Administraciones públicas y establece mecanismos para reducir el déficit y la deuda pública. Si el Gobierno del PP hubiera cumplido esta ley con rigor, la deuda pública de España no hubiera superado el pasado marzo la barrera psicológica del 100% del PIB por primera vez desde 1909 como se ha conocido esta semana. La norma prevé, en ladisposición transitoria primera, que cuando la economía crezca por encima de tasas del 2% el Gobierno deberá reducir la deuda pública en dos puntos del PIB. Pero el año pasado la economía española avanzó a un ritmo del 3,2% y la deuda pública solo se redujo en una décima de PIB: Pasó del 99,3% al 99,2% del PIB, según los registros oficiales del Banco de España.
La Ley de Estabilidad es en realidad una transposición de la normativa europea de gobernanza económica. Incluye, como la comunitaria, varios mecanismos coercitivos para penalizar a las Administraciones territoriales en caso de incumplimiento reiterado de los objetivos presupuestarios. Precisamente España se enfrenta ahora a una multa de Bruselas por incumplir reiteradamente los objetivos de déficit por no haber aplicado a rajatabla esta ley.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha avisado en varias ocasiones de que el Gobierno no aplica con toda la contundencia la Ley de Estabilidad para exigirles a las comunidades los planes de ajuste cuando incumplen los objetivos de déficit ni para iniciar antes los seguimientos preventivos que conducen a estos incumplimientos. El presidente de la Airef ha alertado en varias ocasiones sobre el elevado volumen de la deuda pública. Y ha vaticinado que España no conseguirá rebajar el nivel de deuda al 60% del PIB en 2020 como fija la Ley de Estabilidad. Calcula que habrá que esperar al menos hasta 2033 para alcanzar ese límite. La Airef también ha reclamado insistentemente desde 2014 que se activen los mecanismos preventivos de la Ley de Estabilidad que obligaban a las comunidades autónomas y Ayuntamientos más indisciplinados a elaborar planes económicos financieros (PEF) que contengan medidas para comprometerse a enderezar las cuentas. Pero el Gobierno no ha exigido estos planes de ajuste hasta hace unas semanas y solo tras recibir la reprimenda de Bruselas
El Gobierno también ha incumplido la regla de gasto. Esta norma establece límites para el aumento de los gastos públicos de las administraciones públicas que no pueden crecer más que el crecimiento potencial de la economía, que para el año pasado se fijó en el 1,8% del PIB. Solo la Administración central que depende directamente del Gobierno de Rajoy elevó sus gastos un 5,5%. Además, la Ley de Estabilidad advierte de que si se aprueban medidas que afecten a la recaudación, el nivel de gasto deberá rebajarse en la cuantía equivalente. El año pasado el Ejecutivo popular adelantó la segunda parte de la reforma fiscal y adelantó la rebaja del IRPF en vísperas electorales. En vez de rebajar el gasto, el Gobierno lo elevó al aprobar la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios y permitir otras subidas de gasto en un año con un apretado calendario electoral.
“Si el año pasado no hubiera habido un Gobierno que tomara medidas discrecionales”, explica el economista José Carlos Díez, “la deuda pública podría haber bajado esos dos puntos”. Y añade: “las normas de gobernanza están para que en época de crecimiento se pueda ahorrar para cuando lleguen las partes bajas del ciclo”.
El responsable de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, considera que "el hecho de que el Gobierno de Rajoy incumpla su propia ley es una especie de corrupción de la propia democracia que hace con demasiado desparpajo". Y añade a su reflexión: "Con esta actitud Rajoy demuestra que antepone sus intereses a los de los ciudadanos por motivos electorales".
El Gobierno de Rajoy ya ha dejado de ser el alumno aventajado de Bruselas tras el flagrante incumplimiento de los objetivos de déficit público del año pasado. Las Administraciones públicas debían limitar sus números rojos a una cuantía equivalente al 4,2% del PIB pero cerraron con un desfase del 5,1%, una diferencia de casi 10.000 millones más de lo previsto que ha enojado a las autoridades comunitarias que ahora exigen un ajuste adicional de 8.000 millones en dos años. EP
