El Gobierno de Venezuela presentó una nueva solicitud ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) donde pide reconsiderar el fallo sobre el caso ConocoPhillips, tras la nacionalización de sus participaciones en las asociaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco.
En una nota de prensa del Ministerio de Petróleo y Minería, Venezuela propone que el Ciadi “resuelva en primer lugar la solicitud de reconsideración y solicita una audiencia sobre la misma, por considerar que el tribunal ha incurrido en una serie de irregularidades que atentan contra los intereses de la República”.
Recordemos que en septiembre de 2013, el tribunal dictó un fallo sobre jurisdicción y mérito, en el que consideró que la República había violado el derecho internacional al no llevar a cabo negociaciones de buena fe con ConocoPhillips.
Como consecuencia se dieron a conocer comunicaciones diplomáticas incuestionables entre ConocoPhillips y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, en las que la empresa informa a su país que estaba teniendo negociaciones con Venezuela.
“Estos hallazgos demostraron que la decisión se basaba en una estrategia de desinformación y falseamiento de la verdad llevada a cabo por la transnacional”, denunció la Procuraduría General de la República (PGR) en agosto de 2015.
Ante estas irregularidades, la República solicitó la reconsideración de la decisión en el año 2013, la cual fue rechazada por la mayoría del Ciadi en 2014, argumentando que no podía revisar su propia decisión.
Dichos árbitros se negaron a reconsiderar esta decisión, incluso después de que Venezuela presentara evidencia documental mostrando la falsedad de las declaraciones hechas por la empresa estadounidense al tribunal.
ConocoPhillips pretende indemnizaciones, pago de derechos y reparaciones por más de 30.000 millones de dólares, luego que Venezuela, haciendo valer su política de plena soberanía, decidiera transformar en empresas mixtas con mayoría accionaria para la Nación los convenios operativos suscritos en la década de los 90 en el marco de la llamada Apertura Petrolera, considerados lesivos para los intereses de la República.
La trasnacional rechazó migrar a empresas mixtas su acuerdo de participación en la Faja Petrolífera del Orinoco en los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro, ahora Petroanzoátegui, PetroPiar y PetroSucre, y decidió emprender la vía judicial desde 2007.
Con información de AVN
