Conseguir el archivo de ese proceso en la Audiencia Nacional (AN) ha sido uno de los objetivos prioritarios de la embajada de Washington en Madrid durante los últimos siete años, para lo cual presionó en dos direcciones, subraya el matutino.
Por un lado, mantuvo contactos con miembros del Ejecutivo: con la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, con los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández.
Por otro, se dirigió directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El apoyo del Ejecutivo español, según la embajada estadounidense, era total, precisa El País, una de las publicaciones que tuvo acceso a los miles de documentos secretos y reservados de la diplomacia norteamericana destapados por el portal Wikileaks.
La colaboración del Palacio de la Moncloa (sede del poder central) en este asunto es reflejada en un telegrama confidencial, enviado a Washington en mayo de 2007 por Eduardo Aguirre, quien en ese momento era el embajador estadounidense en Madrid.
En su comunicación a la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, Aguirre aseguró que el Gobierno de este país ibérico había "ayudado entre bastidores" a que la fiscalía apelara las decisiones del juez.
Precisamente, en octubre de 2005, el juez de la AN Santiago Pedraz dictó una orden de detención internacional contra los tres soldados norteamericanos que dispararon desde un tanque contra el hotel Palestina de Bagdad, donde se encontraba Couso.
La legación admitía que aunque en público los diplomáticos mostraban "respeto por la independencia del sistema judicial español" y por "la trágica muerte" del camarógrafo, "entre bastidores" luchaban "con uñas y dientes para hacer desaparecer los cargos" contra los militares implicados.
Son las palabras textuales del cable enviado al Departamento de Estado el 14 de mayo de 2007, siempre según la versión de El País.
En declaraciones a varios medios de comunicación, Javier Couso, hermano del cámara de Telecinco, calificó la víspera de gravísimas las revelaciones de Wikileaks.
Opinó que la soberanía nacional está en entredicho por la intromisión de Estados Unidos en la Justicia española y acusó a la Moncloa de connivencia en la ocultación de delitos.
Javier Couso adelantó que los familiares emprenderán acciones legales por unas actuaciones que, denunció, representan una conculcación del Estatuto de la Fiscalía y una vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pensamos que ha quedado en papel mojado el Estatuto de la Fiscalía, que debe investigar delitos y en lugar de eso los oculta y al servicio de otro país, remarcó.
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