Una organización no gubernamental defensora de derechos humanos demandó al Departamento de Defensa y a la CIA para forzarlos a divulgar documentos que ayuden a esclarecer si Estados Unidos conocía anticipadamente los planes para derrocar al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
Anjana Samant, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés), dijo el jueves en conferencia de prensa que los despachos no han atendido las más de 200 solicitudes relacionadas al golpe de estado en Honduras, apegadas a la Ley de Libertad de Información.
La demanda, presentada el miércoles ante la corte federal del Distrito de Columbia, sostiene que debido a la estrecha relación existente entre Tegucigalpa y Washington, “es probable que poco ocurra en Honduras sin el conocimiento, y/o consulta con el gobierno estadounidense”.
“Los demandantes buscan información necesaria para facilitar el conocimiento público de lo que ocurrió en Honduras y si, y cómo, organismos, funcionarios y/o intereses estadounidenses afectaron los acontecimientos”, sostiene la demanda.
CCR envió el jueves una solicitud nueva al Departamento de Defensa para obtener documentos sobre gastos estadounidenses en Honduras para defensa, contratos de construcción y mejoras a infraestructura existente para ser usada con fines militares, policiales o antinarcóticos desde 2006.
También envió el jueves una solicitud nueva a la CIA pidiendo documentos, grabaciones de audio, correos electrónicos, fotos, videos o cualquier entrevista a radio, prensa o televisión concedida por el periodista hondureño Roland Valenzuela entre el 28 de junio de 2009 y el 15 de junio de 2010.
Según la solicitud, Valenzuela fue asesinado a balazos un mes después de haber aseverado durante una entrevista periodística tener evidencias de que el derrocamiento de Zelaya fue planificado por empresarios hondureños en Dubai, que funcionarios estadounidenses estaban al tanto y que la firma de Zelaya en una supuesta carta de renuncia a la presidencia fue forjada.
Además de CCR, ambas solicitudes del jueves fueron presentadas por Thomas Loudon, secretario ejecutivo de una Comisión de la Verdad creada el 13 de abril del 2010.
La comisión oficial, creada por el actual presidente hondureño Porfirio Lobo bajo la coordinación del ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein, publicará el resultado de sus investigaciones de lo sucedido antes, durante y después del golpe de Estado poco antes de la reunión anual de la Organización de Estados Americanos en junio.
Loudon dijo a periodistas que aprovechará su estadía en la capital estadounidense para explicarle a algunos embajadores ante la OEA los riesgos que para la protección de derechos humanos tendría una reincorporación de Honduras al organismo multilaleral.
Varias naciones sudamericanas se oponen a la reincorporación de Honduras hasta que se le permita a Zelaya (2006-2009) volver a Honduras sin enfrentar cargos judiciales. El ex mandatario reside en República Dominicana.
Organizaciones especializadas han expresado preocupación ante el deterioro en la protección a los derechos humanos ocurrido en Honduras desde el golpe, y una impunidad marcada por la lentitud de las autoridades para investigar.
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