El mexicano Grupo de Cementos Chihuahua (GCC) expresó este domingo su preocupación por el "prolongado incumplimiento" por parte del gobierno del presidente Evo Morales del pago de una indemnización por sus acciones expropiadas en Bolivia en septiembre del año pasado.
GCC expresó, en un comunicado publicado como inserto en la prensa local, "su profunda preocupación por el prolongado incumplimiento del compromiso de pago por las acciones de SOBOCE en la Fábrica Nacional de Cemento S.A." (FANCESA), pues el plazo máximo para la indemnización "expiró hace casi dos meses".
El grupo mexicano participa con 47% de las acciones en la Sociedad Boliviana del Cemento (SOBOCE), del que el 52% del paquete está en poder del empresario opositor, el boliviano Samuel Doria Medina.
SOBOCE tenía 33,33% de las acciones en FANCESA que Morales expropió en favor de la Gobernación oficialista del departamento de Chuquisaca (sureste), donde se halla la planta de cemento. Las otras dos terceras partes quedaron en manos de la alcaldía local y de una universidad pública.
GCC, en su comunicado, señaló que un avalúo independiente, que ordenó de manera unilateral, estableció a principios de este año que FANCESA tiene un valor total "de 280 millones de dólares" y que "un tercio del valor de FANCESA debería pagarse a SOBOCE".
El gobierno de Morales, cuando expropió las acciones el 1 de septiembre pasado, estableció un plazo de 180 días para el pago de la indemnización, previo avalúo técnico-contable, sin embargo, hasta la fecha no precisó si tiene ese informe y cuándo y cuánto pagará por esas acciones.
El otro accionista de SOBOCE, el empresario centroderechista Doria Medina, anunció el año pasado que la empresa irá a un arbitraje internacional, si no recibe del gobierno boliviano una indemnización justa.
Morales, desde que llegó al poder en enero de 2006, nacionalizó los hidrocarburos, empresas de electricidad, de telecomunicaciones y fundidoras de minerales.
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