La Comisión Europea quiere que el hábito de despilfarrar energía a base de luces encendidas, exceso de aire acondicionado y oficinas mal aisladas se vea dentro de unos años tan casposo como fumar. Con esa premisa, Bruselas presentó ayer la directiva sobre Eficiencia Energética, que pretende reducir el consumo energético un 20% en 2020. Para ello obliga a inversiones millonarias para aislar cada año el 3% de los edificios públicos, instalar sistemas de cogeneración en todas las instalaciones térmicas (nucleares incluidas) y colocar contadores de luz inteligentes que se puedan leer día a día y sin facturas estimadas.
Bruselas considera que cada vez que un europeo sube el aire acondicionado o acelera en un semáforo hay un flujo de euros hacia Arabia, Rusia o Venezuela que debilita la competitividad de la industria europea. Por eso ha presentado una directiva con la que pretende ahorrar 200.000 millones de euros al año en 2020 de la factura energética y crear dos millones de empleos en la próxima década. Estas cifras suelen ser imposibles de confirmar con el tiempo.
En 2007, la Comisión presentó la directiva que obliga a reducir un 20% las emisiones de CO2 y el consumo de energía y a tener el 20% de renovables en 2020. Los objetivos de CO2 y de energía limpia están más que encarrilados. Sin embargo, cuatro años después, Bruselas ve que en ahorro de energía apenas se ha avanzado. Así, propone ahora medidas más drásticas.
De aprobarse la directiva así -ahora pasa a la previsible rebaja por parte de los Gobiernos-, las empresas que comercializan gas y luz deberán demostrar que cada año han ahorrado luz equivalente al 1,5% de sus ventas o afrontarán sanciones. Tatiana Márquez, de la dirección de Eficiencia de la Comisión, explicó ayer en Madrid que la propuesta deja en manos de los Gobiernos si eso se hará con inversiones directas o con la compra de derechos de ahorro a terceras empresas.
Márquez insistió en que no se trata de que, por ejemplo, Iberdrola venda menos cada año, sino que demuestre que ha conseguido ahorrar el equivalente al 1,5% de sus ventas, algo que puede hacer buscando ahorros en clientes de, por ejemplo, Endesa, con lo que le comería el mercado. La directiva abre la puerta a un mercado de energía ahorrada, a que empresas realicen la inversión para consumir menos y vendan lo logrado a eléctricas o empresas de gas.
Además, las eléctricas no podrán estimar la factura. "Actualmente el consumo energético no está visible para los hogares porque las facturas no están claras. Necesitamos contadores individuales que muestren el consumo en tiempo real", señaló Tatiana Márquez. El cambio de contadores es una vieja aspiración de los ecologistas.
La obligación de rehabilitar un 3% de los edificios públicos al año se llevará una inversión de 1.600 millones anuales, pero según la Comisión, solo el ahorro en la factura energética será de 1.920 millones.
El ecologista Ladislao Martínez señala que la propuesta "suena bien" y destaca que si nadie había abordado en serio el ahorro de energía es "porque no tiene ningún lobby que lo defienda mientras que numerosos sectores prefieren el despilfarro".
La Comisión deja hasta 2014 para ver si con estas medidas los Estados miembros comienzan a rebajar su factura energética. Si no lo logran, impondrá entonces objetivos obligatorios por países. Los ecologistas consideran que se trata de cesión inaceptable.
La ley afecta a edificios, eléctricas, sector público y a las industrias. Ahí, la medida que más puede irritar a las eléctricas es la obligación de implantar sistemas de cogeneración que utilicen el calor residual. Actualmente, muchas térmicas y todas las nucleares producen enormes cantidades de calor que no se utiliza, sino que se pierde a través de los circuitos de refrigeración. "A las eléctricas se les van a poner los pelos de punta", consideró una fuente del sector. La patronal eléctrica Unesa, anunció ayer que aún no ha estudiado el texto.
La directiva tiene otra ventaja (que a su vez es un inconveniente). Si se cumple, la UE reducirá sus emisiones en otros 740 millones de toneladas al año en 2020 (casi el doble de lo que emite España actualmente). Eso, que supone un avance contra el cambio climático, a la vez puede hundir el precio de la tonelada de CO2 y, por lo tanto, el sistema estrella de la UE contra el calentamiento: el comercio de derechos de emisión.
El sistema es controvertido porque ha dado cientos de millones a las grandes industrias contaminantes. Márquez admitió que la reducción de emisiones por el ahorro energético podría hundir el precio del CO2: "No sabemos bien qué sucederá. En un escenario económico el precio se queda en 14 euros por tonelada [el precio al que cerró ayer]. En otro cae a casi cero. Por eso la Comisión va a supervisar la evolución y en el caso de que el precio caiga significativamente tomará medidas. No queremos matar nuestras políticas".
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