Los cancilleres de Colombia y Venezuela, María Ángela Holguín y Nicolás Maduro, respectivamente, viajarán este jueves a Honduras para verificar los trámites legales efectuados en el juicio contra el ex ministro de Presidencia de ese país centroamericano Enrique Flores quien fue acusado por la justicia de la nación por malversación administrativa. La Resistencia hondureña ha denunciado la ilegalidad de esta detención, por ser violatoria del acuerdo de reconciliación.
La noticia fue confirmada este martes por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien en una rueda de prensa ofrecida en Puerto de Trujillo (norte), aseveró que "la Comisión de Seguimiento (integrada por Holguín y Maduro) verificará si hay total imparcialidad” en el juicio contra Flores.
El mandatario insistió en que los diplomáticos deben participar en el proceso porque es parte de su rol luego de todas las acciones realizadas para concretar Acuerdo de Reconciliación Nacional, que hizo posible el regreso al país del derrocado ex presidente Manuel Zelaya a ese país luego de casi dos años de exilio.
En este sentido, Lobo además hizo un llamado al Poder Judicial para que "haga las cosas enmarcado en la ley y en total imparcialidad" y afirmó que "no debe haber persecución para nadie".
El pasado 15 de junio, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya denunció una violación al Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático firmado el pasado mayo para garantizar el regreso a su país, tras la detención de su ex ministro de Presidencia Enrique Flores.
A la ex autoridad le aplicaron medida de casa por cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y fraude y además, se le amenazó con recluirlo en un centro penitenciario si éste no cancela en el plazo de un mes una fianza de tres millones de dólares.
Flores, quien se declaró imposibilitado para pagar esa suma, calificó la resolución como "sicariato judicial" y alegó que el juez recibe presiones de los golpistas que derrocaron a Zelaya en 2009.
El juicio contra el ex ministro ha traído reacciones adversas por parte de la población hondureña, que se ha pronunciado de distintas formas en repudio a la medida.
Este lunes, Zelaya encabezó una marcha para exigir la liberación Flores. La movilización fue apoyada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que también está en contra del arresto domiciliario del ex ministro porque alegan que viola el Acuerdo de Reconciliación y reconstrucción de Honduras.
Tras el convenio, firmado por el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, con Zelaya, avalado por Colombia y Venezuela, los tribunales suspendieron las órdenes de captura contra el ex mandatario y sus ex funcionarios de gobierno, entre los cuales está Flores.
Flores concurrió voluntariamente a los tribunales a responder por las acusaciones en su contra. La policía le impidió ingresar al juzgado por una entrada especial y lo hizo por el sitio donde pasan los ciudadanos comunes.
Del tribunal salió acompañado de dos policías a su casa en esta capital junto a su esposa, la también abogada Marlina Dubón, que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Zelaya.
La noticia fue confirmada este martes por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien en una rueda de prensa ofrecida en Puerto de Trujillo (norte), aseveró que "la Comisión de Seguimiento (integrada por Holguín y Maduro) verificará si hay total imparcialidad” en el juicio contra Flores.
El mandatario insistió en que los diplomáticos deben participar en el proceso porque es parte de su rol luego de todas las acciones realizadas para concretar Acuerdo de Reconciliación Nacional, que hizo posible el regreso al país del derrocado ex presidente Manuel Zelaya a ese país luego de casi dos años de exilio.
En este sentido, Lobo además hizo un llamado al Poder Judicial para que "haga las cosas enmarcado en la ley y en total imparcialidad" y afirmó que "no debe haber persecución para nadie".
El pasado 15 de junio, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya denunció una violación al Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático firmado el pasado mayo para garantizar el regreso a su país, tras la detención de su ex ministro de Presidencia Enrique Flores.
A la ex autoridad le aplicaron medida de casa por cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y fraude y además, se le amenazó con recluirlo en un centro penitenciario si éste no cancela en el plazo de un mes una fianza de tres millones de dólares.
Flores, quien se declaró imposibilitado para pagar esa suma, calificó la resolución como "sicariato judicial" y alegó que el juez recibe presiones de los golpistas que derrocaron a Zelaya en 2009.
El juicio contra el ex ministro ha traído reacciones adversas por parte de la población hondureña, que se ha pronunciado de distintas formas en repudio a la medida.
Este lunes, Zelaya encabezó una marcha para exigir la liberación Flores. La movilización fue apoyada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que también está en contra del arresto domiciliario del ex ministro porque alegan que viola el Acuerdo de Reconciliación y reconstrucción de Honduras.
Tras el convenio, firmado por el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, con Zelaya, avalado por Colombia y Venezuela, los tribunales suspendieron las órdenes de captura contra el ex mandatario y sus ex funcionarios de gobierno, entre los cuales está Flores.
Flores concurrió voluntariamente a los tribunales a responder por las acusaciones en su contra. La policía le impidió ingresar al juzgado por una entrada especial y lo hizo por el sitio donde pasan los ciudadanos comunes.
Del tribunal salió acompañado de dos policías a su casa en esta capital junto a su esposa, la también abogada Marlina Dubón, que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia en el Gobierno de Zelaya.
teleSUR- Efe- Af/ lp -MM
