La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su "preocupación" por la condena a dos años de cárcel al periodista Hans Francisco Andrade tras haber entrevistado a una activista que denunció a un funcionario público.
La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH manifestó su malestar por la aplicación del delito de difamación en Perú "a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos".
"Esta situación es aún más preocupante cuando la persona acusada es el comunicador que entrevista a una denunciante, en el marco de la cobertura de una información de interés público", subrayó en un comunicado.
Andrade, ex presentador del noticiero "América Noticias", de la filial de América TV en Chepén (noroeste del país), fue sentenciado a dos años de cárcel y una multa de 4.000 soles (unos 1.460 dólares) el pasado 6 de julio por "difamación agravada".
El periodista fue sentenciado por una demanda del funcionario Juan Vásquez Romero, que "se sintió ofendido por declaraciones de Carla Rodríguez Ortiz, coordinadora de un partido político local, quien lo acusó de haberla amenazado de muerte".
La sentencia ordenó además al periodista difundir con sus propios recursos una rectificación y un desagravio público por el mismo medio de comunicación, durante dos días.
El periodista y su abogado anunciaron que apelarán la decisión.
La Relatoría recuerda que la Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge la protección a la reputación pero ésta "debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público".
Además, en estos casos, "debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".
Finalmente, la CIDH “pidió” a las autoridades judiciales de Perú que tengan en cuenta la normativa internacional vigente en materia de libertad de expresión, en la resolución del caso de Andrade.
(EFE/VTV
